El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de una pieza separada en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Esta decisión profundiza el escándalo de presunta corrupción institucional que rodea a la Moncloa al asumir formalmente las pesquisas derivadas por la Fiscalía Europea por los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. La nueva vía penal se centra en la red de adjudicaciones públicas amañadas a través de la entidad estatal Red.es que beneficiaron de forma millonaria al consultor, el principal socio comercial de Begoña Gómez en sus polémicos negocios académicos.
🇪🇸‼️| Juan Carlos Peinado, juez español, decide abrirle una causa aparte a Begoña Gómez tras una investigación de la Fiscalía Europea sobre adjudicaciones por más de 10 millones de euros, en las que se detectaron posibles anomalías en los procesos de valoración. El magistrado… pic.twitter.com/JiCQjVEHbP
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 19, 2026
La investigación de los fiscales comunitarios arrojó luz sobre un expediente de Red.es, relativo al "Servicio de la Oficina Acelera Pyme", que fue adjudicado de manera sospechosa por un importe de 4,05 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Barrabés y la firma KPMG. Financiado con fondos FEDER de la Unión Europea, el concurso estuvo plagado de irregularidades flagrantes.
Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los responsables del proceso "ocultaron deliberadamente" en los informes de valoración técnicos la inexistencia de un 'libro blanco', un requisito obligatorio e indispensable según los pliegos que fue enterrado bajo la mesa para evitar que otros competidores legítimos pudieran impugnar la flagrante trampa.
Aunque este contrato en específico no llevaba estampada la firma directa de la esposa del presidente del Gobierno, el mecanismo de favorecimiento es idéntico al empleado en otros contratos que suman 8,4 millones de euros, donde los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confirmaron un proceder corrupto.
En un informe técnico emitido en septiembre de 2025, la IGAE certificó que el uso de cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para inflar las puntuaciones de Barrabés fue una decisión “arbitraria, ilegal y discriminatoria que adulteró la valoración técnica”. Estas maniobras sirvieron para inflar artificialmente la calificación del empresario justo después de que este financiara y apadrinara la cuestionada cátedra extraordinaria de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid.
La acumulación de pruebas sobre el uso espurio de las instituciones en favor del entorno presidencial ha desatado el pánico en las filas del Partido Socialista. En un desesperado intento por levantar un cortafuegos mediático, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, compareció en la televisión pública para tildar el avance judicial de "caso político donde no hay causa", atacando directamente la independencia del juez Peinado.
El aparato de propaganda del Gobierno ha salido en bloque a presionar al tribunal para evitar medidas cautelares severas, manifestando su absoluto rechazo a la petición de las acusaciones populares de retirar el pasaporte a Gómez para evitar el riesgo de fuga ante la acumulación de indicios delictivos.
Por su parte, el equipo legal del empresario Barrabés ha recurrido a maniobras de obstrucción procesal ante el juez de garantías, el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña. La defensa pretendía bloquear el traslado de los hallazgos a la jurisdicción ordinaria argumentando que se pretendía "reiniciar a capricho" una instrucción de dos años basada en lo que catalogaron como "sospechas policiales irrelevantes".
Sin embargo, la contundencia de las auditorías estatales de la IGAE, que exponen cómo se rebajó de forma ilegal el peso de los criterios económicos para otorgar un valor desproporcionado a puntuaciones subjetivas a dedo, terminó por demoler la estrategia de impunidad de los investigados. Con nuevas testificales en agenda y el cruce de correos electrónicos bajo análisis, el avance del caso promete seguir destapando los mecanismos de un Ejecutivo cercado por los escándalos de tráfico de influencias y malversación.
(Con información de El Economista y elDiario.es)
