El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, emitió una enérgica declaración pública en la que ratificó que su administración aplicará toda la fuerza institucional del Estado para impedir que las corporaciones narcoterroristas socaven el orden democrático en el país andino. El pronunciamiento presidencial se difundió como una respuesta formal de agradecimiento al respaldo político brindado por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien ratificó el compromiso del Pentágono en la contención de los disturbios civiles.
La nación sudamericana acumula un periodo crítico de 31 días consecutivos de bloqueos carreteros ininterrumpidos, una medida de presión extrema coordinada por sindicatos agrarios de la región occidental y sectores radicales subordinados a las directrices del socialista Evo Morales.
"Atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses criminales actúen para desestabilizar la república", aseveró el jefe de Estado desde la sede de gobierno.
La alianza estratégica entre la gestión conservadora de La Paz y la Casa Blanca se ha materializado mediante el despliegue del Escudo de las Américas, la coalición militar continental activada por el presidente Donald Trump para neutralizar los carteles transnacionales. El secretario estadounidense Pete Hegseth advirtió a través de las redes sociales que los organismos de inteligencia de su país monitorean de cerca los intentos de golpe de Estado encubiertos, enfatizando que Bolivia no debe caer presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista.
Esta postura de firmeza occidental fue respaldada de forma simultánea por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el enviado Christopher Landau, quienes coordinaron el envío urgente de asistencia humanitaria, raciones de alimentos de emergencia y soporte logístico aéreo para abastecer a las poblaciones cercadas de La Paz y El Alto.
La crisis social y económica, que comenzó meses atrás con demandas de incrementos salariales y protestas por el desabastecimiento de hidrocarburos importados, se transformó en una insurrección política focalizada que exige la renuncia inmediata del primer mandatario boliviano. De acuerdo con los informes emitidos por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las agrupaciones opositoras mantienen activos 84 piquetes de bloqueo distribuidos de manera estratégica en seis de los nueve departamentos del territorio nacional, estrangulando el suministro de insumos médicos.
El uso legítimo de la fuerza estatal tuvo su capítulo más severo el pasado sábado en la localidad cruceña de San Julián, un bastión del ala radical donde la Policía Nacional y unidades de choque del Ejército ejecutaron un operativo de despeje vial. Las refriegas arrojaron un saldo de 25 personas heridas, incluyendo a seis efectivos policiales, registrándose el uso abierto de armas de fuego de grueso calibre por parte de los sectores civiles movilizados.
La Defensoría del Pueblo instó a los tribunales a iniciar una investigación penal imparcial, denunciando la presencia de células armadas irregulares que actúan como grupos de choque para garantizar el cierre de las rutas troncales. El presidente Paz, quien cumplió apenas siete meses en funciones tras su victoria electoral, ratificó que no cederá ante los mecanismos de extorsión callejera del sindicalismo cocalero.
Las pérdidas económicas derivadas de la parálisis logística ascienden a millones de dólares diarios, golpeando con severidad a las cadenas productivas agroindustriales de Santa Cruz de la Sierra y paralizando las exportaciones de minerales hacia los puertos del Pacífico. Los comités cívicos regionales y las cámaras empresariales urgieron al Poder Ejecutivo a promulgar sin demoras la ley de regulación de emergencia para autorizar el despliegue total de los batallones del Ejército en las carreteras troncales.
El escenario político boliviano se encamina hacia una polarización irreversible donde la asistencia técnica y de inteligencia provista por la administración Trump se consolida como el principal contrapeso institucional frente a la influencia regional de regímenes afines al narcotráfico. Los analistas internacionales señalan que el control definitivo de la crisis vial en las regiones andinas constituirá la prueba de fuego para medir la estabilidad a largo plazo del modelo conservador frente a la resistencia del populismo radical.
(Con información de Infobae y AP)
