El régimen de Nicaragua, encabezado por el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció su retiro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), profundizando el aislamiento internacional del país. A través de un comunicado emitido el sábado por el ministerio de Relaciones Exteriores, la dictadura comunista justificó la denuncia del tratado fundacional de 1987 "en pleno ejercicio de su soberanía", asegurando que la medida tendría efecto inmediato.
La decisión del Ejecutivo nicaragüense se produce inmediatamente después de una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exigió la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades civiles en la nación. El país centroamericano ya se había retirado de la OEA en 2023 tras calificar al organismo multilateral como un instrumento de intervención estadounidense, y en 2025 abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras críticas por sus abusos sistemáticos.
La nación centroamericana permanece sumida en una severa crisis política desde abril de 2018, cuando el régimen reprimió con violencia las manifestaciones sociales en las calles. Aquella ola de violencia estatal dejó un saldo de más de 350 muertos, cerca de 2.000 heridos, miles de detenciones arbitrarias y un éxodo masivo de ciudadanos que debieron huir del país frente al acoso del aparato de seguridad sandinista.
El deterioro institucional de Nicaragua se consolidó el pasado mes de julio, cuando la cúpula gobernante anunció la cancelación indefinida de procesos electorales en el territorio nacional. Daniel Ortega, quien ha ejercido un control totalitario del poder de forma ininterrumpida desde 2007 tras su primer mandato en los años ochenta, formalizó de esta manera la clausura definitiva de la vía democrática.
Con este nuevo repliegue del Parlacen, el régimen de Ortega reafirma su distanciamiento de los foros e instituciones democráticas de la región. La medida consolida el atrincheramiento de la dictadura sandinista frente al rechazo de la comunidad internacional y la creciente presión diplomática por los abusos cometidos contra la población civil.
(Con información de Reuters)
