El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo extendió su aparato de control estatal al sistema financiero nicaragüense, mediante una resolución oficial que obliga a bancos, empresas de remesas y comercios a perfilar a sus clientes y reportar cualquier operación calificada como sospechosa. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) formalizó la medida en La Gaceta tras las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo sandinista.
La disposición alcanza a múltiples sectores económicos obligados a operar como informantes de la dictadura bajo amenaza de severas sanciones administrativas. La normativa exige la creación de un perfil integral para cada usuario que proyecte sus movimientos habituales, facultando a las entidades a exigir explicaciones sobre el origen y destino de los fondos ante cualquier variación operativa.
Persecución a las remesas familiares y vigilancia secreta
El espionaje financiero afecta directamente a las remesas familiares, principal sostén económico de los hogares en la nación centroamericana. Las proveedoras deberán registrar y verificar la identidad completa de emisores y receptores sin importar el monto transferido, al tiempo que se ordena realizar un monitoreo constante sobre listas de seguimiento e informaciones publicadas en medios de comunicación.
La regulación impone un estricto carácter secreto a las investigaciones, prohibiendo a las entidades bancarias alertar a los ciudadanos si están siendo reportados ante la UAF. Este esquema confidencial expone a directivos y empleados a sanciones inmediatas si incumplen con los requerimientos del régimen, consolidando una red de delación institucionalizada.
Monitoreo masivo y denuncias de la comunidad internacional
Esta embestida financiera se suma a la sistemática persecución política y judicial ejecutada contra la ciudadanía desde las protestas ciudadanas de 2018. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la CIDH denunciaron el cierre absoluto del espacio cívico, la persistencia de detenciones arbitrarias y la acumulación total de poder por parte de la copresidencia.
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ha documentado numerosos casos de desapariciones forzadas, torturas, despojos de nacionalidad y confiscaciones ilegales contra la oposición. El férreo control ejercido sobre la Policía, las cárceles y los tribunales se extiende ahora a las transacciones cotidianas de los nicaragüenses para asfixiar cualquier atisbo de disidencia.
(Con información de Infobae)
