El régimen teocrático de Irán consumó este martes 26 de mayo la ejecución de Golamreza Jani Shekarab (también identificado por medios oficiales como Jani-Shokrab), tras un proceso judicial en el que fue presuntamente hallado culpable de colaborar y espiar para el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel.
La sentencia de muerte fue ejecutada inmediatamente después de que el Tribunal Supremo de la nación persa ratificara el veredicto en última instancia, según detalló el portal informativo Mizan Online, órgano oficial del Poder Judicial iraní. El ajusticiamiento se inscribe en la drástica oleada de penas capitales por delitos relacionados con la seguridad del Estado que la tiranía de Teherán ha intensificado desde finales de febrero.
Durante las audiencias preliminares y el posterior desarrollo del juicio general, la fiscalía del régimen acusó formalmente a Shekarab de operar bajo la figura de "líder y cabecilla de red" para el espionaje israelí en el exterior. Según el expediente presentado por las autoridades de inteligencia, el procesado ingresó al territorio nacional con la misión explícita de infiltrar las estructuras estatales y la sociedad civil.

La opacidad ya conocida en el sistema legal del régimen, se ha negado a revelar datos fundamentales como la fecha exacta del arresto de Shekarab o la duración de su confinamiento. Este tipo de procesos penales han sido cuestionado internacionalmente; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la falta de garantías procesales en 35 casos similares, señalando que las autoridades judiciales de Teherán están instrumentalizando el escenario bélico para justificar condenas exprés y acelerar ejecuciones en masa.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que estas condenas constituyen una flagrante violación al debido proceso orientada a infundir terror en la población civil, el estamento de los mulás defiende los fallos del Tribunal Supremo como actos soberanos de preservación nacional, consolidando a Irán en los puestos más altos de la aplicación de la pena de muerte a nivel global.
(Con información de El Mundo, Infobae y El Demócrata)