En un nuevo capítulo de la brutal represión que ejerce la República Islámica, el régimen iraní ha ratificado este miércoles la sentencia de muerte contra Bita Hemmati. La joven es la primera mujer condenada a la ejecución en relación con el levantamiento nacional que comenzó a finales de diciembre con huelgas de comerciantes y se extendió rápidamente por todo el país en enero. Según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), Hemmati enfrenta cargos de uso de explosivos y "colusión con gobiernos hostiles", acusaciones habituales que el sistema judicial teocrático utiliza para silenciar la disidencia política.
🇮🇷‼️ | Bita Hemmati se ha convertido en la primera mujer condenada a la horca en relación con las movilizaciones antigubernamentales que estallaron en enero, un caso que se suma a la cifra estimada de 1.600 sentencias de muerte dictadas por la República Islámica en el último año. pic.twitter.com/WOlK3PA3AP
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 15, 2026
La sentencia no solo recae sobre ella; en un juicio sumario y sin garantías, su esposo, Mohammadreza Majid Asl, y otros dos vecinos de su edificio también han sido condenados a la pena capital. Además del castigo físico, el Estado ha ordenado la confiscación de todas sus propiedades, una táctica de terror económico diseñada para castigar a las familias de quienes se atreven a desafiar la autoridad de los ayatolás. Un quinto implicado, pariente de Hemmati, fue sentenciado a seis años de prisión por cargos de "propaganda contra el régimen", evidenciando la magnitud de la purga judicial en curso en Teherán.
“La Resistencia Iraní hace un llamado urgente a la ONU y a los defensores de los derechos humanos para salvar la vida de los prisioneros políticos sentenciados a muerte”, expresó el NCRI en un comunicado oficial tras conocerse el fallo.
Las protestas de enero de 2026, que se originaron por el descontento económico y la asfixia social, fueron sofocadas con una violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad. Se estima que miles de manifestantes fueron asesinados o heridos en las calles, mientras que decenas de miles fueron detenidos en centros de tortura. Para la administración iraní, la ejecución de Bita Hemmati busca enviar un mensaje de "mano dura" y disuadir cualquier nuevo intento de insurrección, especialmente entre las mujeres, quienes han sido la vanguardia de los movimientos por la libertad en los últimos años.
Esta situación subraya la naturaleza intrínsecamente malvada de un régimen que utiliza el asesinato legalizado para mantenerse en el poder. La falta de una fecha de ejecución definida mantiene a la comunidad internacional en vilo, mientras el régimen de los ayatolás sigue ignorando los llamados de clemencia del mundo libre.
Mientras el mundo occidental observa con horror, la República Islámica refuerza su alianza con grupos terroristas regionales y continúa desafiando el orden internacional. El uso de la pena de muerte contra civiles que simplemente exigen derechos básicos es una prueba más de que la teocracia iraní no es un actor con el que se pueda negociar de buena fe, sino una amenaza que debe ser contenida con firmeza.
