El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto del Gobierno central que admite el proceso extraordinario de regularización de extranjeros. La decisión del alto tribunal se alinea con una serie de impugnaciones similares formalizadas por otros ejecutivos autonómicos, abriendo un frente judicial que ya ha forzado a los magistrados a elevar consultas de compatibilidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
A través de una declaración institucional, el Ejecutivo de Castilla y León detalló que su recurso cuestiona frontalmente la "dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación y la flagrante falta de participación de las comunidades autónomas".
El consejero de la Presidencia regional, Luis Miguel González Gago, defendió la solidez de la argumentación legal remitida al tribunal, señalando que existen fundamentos jurídicos de peso para dudar de la legalidad de una norma cuyo impacto socioeconómico directo recaerá sobre las administraciones locales sin que se haya coordinado su aplicación.
El principal argumento de la demanda radica en el "carácter exacerbado" y masivo del procedimiento extraordinario. De acuerdo con los datos aportados por la Junta, las previsiones iniciales ofrecidas por el Ejecutivo central cifraban los potenciales beneficiarios en torno a las 500.000 personas; sin embargo, las proyecciones estadísticas más recientes elevan el volumen real de solicitantes a cerca de 1.100.000 ciudadanos en situación irregular. Los informes demográficos independientes añaden que casi el 90% de este universo migratorio es originario de América Latina y África, y que el 80% del colectivo global se compone de personas jóvenes menores de 45 años.
Otro de los pilares del litigio se fundamenta en la supresión de las exigencias tradicionales que históricamente inspiraban el derecho de extranjería en España. El recurso de Castilla y León denuncia que el nuevo texto normativo no exige de manera rigurosa una acreditación de residencia efectiva previa ni el arraigo social ligado a un contrato o actividad laboral formalizada en el país. El Ejecutivo regional considera que esta flexibilización radical de los mecanismos de prueba debilita los controles administrativos estatales e introduce una alteración sustancial en las políticas de inserción controlada.
En paralelo, las comunidades autónomas recurrentes critican de forma unánime que el Gobierno central haya ignorado la corresponsabilidad de las autonomías en la gestión ordinaria de los servicios públicos esenciales. El escrito de impugnación subraya que los gobiernos regionales son las instituciones que "soportarán de forma directa el impacto derivado de un incremento de esta magnitud de la población", afectando las partidas presupuestarias destinadas a la atención sanitaria, los sistemas educativos y los servicios de asistencia social sin haber recibido financiación complementaria o planificación logística previa.
Por último, el marco judicial pone en entredicho el alineamiento de la legislación española con el Pacto de Migración y Asilo y el resto de los compromisos internacionales asumidos en el seno de la Unión Europea. La Junta alega que el Real Decreto vulnera las directrices europeas en materia de control de fronteras exteriores y elude los mecanismos obligatorios de consulta con los socios comunitarios al flexibilizar los retornos, un aspecto que ahora permanece sujeto al pronunciamiento vinculante del tribunal de Luxemburgo para evaluar si la medida de regularización choca con los convenios de la UE.
(Con información de EFE y 20 Minutos)
