Las diversas causas por corrupción que avanzan en los tribunales españoles contra el núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno familiar han dejado al descubierto una red de irregularidades institucionalizadas en al menos seis de las principales empresas públicas del país. Las investigaciones conducidas por la Audiencia Nacional, juzgados ordinarios y la Fiscalía Europea apuntan a que entidades de la relevancia de la SEPI, Enusa, Mercasa, Red.es, Ineco y Tragsatec habrían sido utilizadas para el desvío de fondos públicos, el cobro de comisiones ilegales o la contratación de personas sin cualificación que ni siquiera asistían a sus puestos de trabajo.
El foco principal de los investigadores se concentra actualmente sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó esta semana la imputación de la actual presidente de la SEPI, Belén Gualda, y del expresidente Vicente Fernández, en el marco del denominado "caso Leire". Según el sumario judicial, Fernández formaba parte de una presunta organización criminal junto a Leire Díez (identificada como operadora política del PSOE) y un socio cercano al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, destinada a controlar los rescates financieros estatales.
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, este grupo habría aprovechado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para agilizar de forma irregular el rescate de la compañía Tubos Reunidos en 2021, una operación que les reportó comisiones ilegales camufladas como contratos de asesoría. Las ramificaciones de esta red de influencias alcanzaron también a otras filiales de la SEPI, como Mercasa (donde se investiga el desvío de dinero a través del proyecto de traslado de su sede central con la implicación de su expresidente José Ramón Sempere) y la empresa de gestión de uranio Enusa, mediante adjudicaciones dirigidas para la adquisición de activos medioambientales en Melilla y Castellón.
En paralelo, el entramado judicial afecta de forma directa a la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de Transformación Digital. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido tanto al juez Juan Carlos Peinado como a la Fiscalía Europea, desveló la existencia de prácticas presuntamente delictivas y arbitrarias por parte de funcionarios de dicha entidad para favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés, socio de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Las comunicaciones internas interceptadas demuestran que el personal alteró a la baja las calificaciones de empresas competidoras para asegurar que las compañías de Barrabés se adjudicaran tres contratos valorados en 8,3 millones de euros financiados con fondos europeos.
Por otra parte, el daño patrimonial y la utilización del aparato estatal ya han quedado formalmente acreditados por el Tribunal Supremo en una de las piezas del "caso Mascarillas", centrada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Los magistrados de la Sala Segunda emitieron una sentencia condenatoria de 24 años de prisión contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de 19 años y medio contra su asesor Koldo García, tras ratificar que ambos orquestaron la contratación fraudulenta de Jésica Rodríguez, expareja del ministro. El fallo judicial determinó que la mujer percibió salarios públicos mensuales durante más de dos años sin haber acudido a trabajar un solo día, obligando a los condenados a restituir los 44.000 euros malversados.
Ante la gravedad de los hechos probados, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, citó a declarar en calidad de investigada a la propia Jésica Rodríguez para el próximo 20 de julio, ampliando las actuaciones del "caso Koldo". Junto a ella comparecerán ante el tribunal Joseba García (hermano del asesor del exministro) e Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de ADIF, quien validó las contrataciones bajo la supervisión de la entonces presidente de la entidad ferroviaria, Isabel Pardo de Vera.
(Con información del diario ABC)
