La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo, con el respaldo de dos tercios de los votos, la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una normativa clave que amplía las facultades del presidente Rodrigo Paz para restablecer el orden interno. La sanción de la ley, que ya contaba con la aprobación del Senado, autoriza al Ejecutivo a declarar el estado de excepción mediante decreto supremo, permitiendo de forma explícita el empleo de las Fuerzas Armadas para reprimir y disolver los bloqueos que asfixian al país desde hace cinco semanas.
🇧🇴‼️ | La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la ley que regula los Estados de Excepción y amplía las competencias del Presidente Rodrigo Paz en medio de la grave crisis política y social que atraviesa el país. La norma permite al Ejecutivo tomar medidas más amplias para… pic.twitter.com/WLUhIhKi0u
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 7, 2026
El texto legal establece que estas medidas excepcionales tendrán una vigencia máxima de 90 días y deberán delimitar estrictamente el alcance territorial y las instituciones responsables, otorgando al Gobierno las herramientas necesarias para confrontar el sabotaje de la Central Obrera Boliviana y los sindicatos campesinos que exigen la dimisión del mandatario.
La puesta en marcha de este marco legal responde a la urgencia de despejar las rutas estratégicas, donde la violencia de las facciones radicales ha escalado hasta el uso de armas de fuego contra la autoridad. En la madrugada del sábado, un operativo en San Julián, Santa Cruz, dejó un saldo de seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, destacando el caso de un agente en terapia intensiva tras recibir un proyectil en la cabeza.
El presidente Paz, al valorar los avances de su gestión frente a la crisis, destacó que el trabajo institucional ha permitido el ingreso de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas a las regiones de La Paz y El Alto, aliviando parcialmente el desabastecimiento provocado por los bloqueos ilegales. El mandatario evocó la fortaleza del pueblo boliviano frente a estos intentos de desestabilización, comparando la coyuntura actual con las crisis superadas tras el fin de las dictaduras en 1982.
El balance de las movilizaciones impulsadas por el ala dura del socialismo boliviano es trágico: la Defensoría del Pueblo reporta diez fallecidos, siete de los cuales murieron por falta de atención médica oportuna debido a la imposibilidad de las ambulancias para circular por los caminos bloqueados. Lo que inicialmente se presentó como una serie de demandas sectoriales ha mutado en una exigencia política única e innegociable: la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en un claro intento de subvertir el orden democrático para favorecer intereses partidarios.
La aprobación legislativa se realizó bajo una modalidad mixta —presencial y virtual— y tras una dispensa de trámite que permitió agilizar la norma dada la gravedad del conflicto civil. Los diputados oficialistas y sectores de la oposición constitucionalista coincidieron en que el Estado no puede permanecer inerme ante el chantaje de grupos que utilizan el hambre y la falta de suministros básicos como arma de extorsión política.
La nueva ley no solo regula el despliegue militar, sino que fija controles institucionales y garantías fundamentales, asegurando que la fuerza del Estado se aplique con el objetivo de garantizar el libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos que no participan en las revueltas. Con la sanción definitiva, el documento fue remitido al Palacio Quemado para su promulgación inmediata por parte del presidente Paz.
(Con información de Infobae, AP y Reuters)
