El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumirá de forma transitoria la dirección del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, acorralado por el colapso del sistema ferroviario nacional y la conmoción social derivada del accidente de Urda (Toledo).
La salida de Puente (quien presentó su renuncia ante la Diputación Permanente del Congreso tras el choque de trenes que dejó 69 víctimas mortales y cientos de heridos, tan solo meses después de la catástrofe de Adamuz (46 fallecidos)) supone un revés para la línea del Ejecutivo socialista. La Moncloa optó por un reajuste técnico mínimo, delegando la cartera en Cuerpo en un desesperado intento por proyectar una imagen de rigor y gestión que intente mitigar el desgaste político del Gobierno.
En una declaración desde La Moncloa, Sánchez intentó presentar la dimisión de uno de sus colaboradores más cercanos como un "activo de dignidad política", elogiando la trayectoria del exministro. Sin embargo, la oposición calificó el anuncio de mero "teatrillo" electoralista. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó con dureza la escenografía del Ejecutivo, señalando que Sánchez carece de la dignidad política que pretende atribuir a su gabinete y recordando que el descontrol y la falta de mantenimiento en la red ferroviaria exigen responsabilidades al máximo nivel gubernamental.
Dejadez infraestructural, crisis de gestión y factura electoral
La sucesión de graves siniestros en la red de alta velocidad y cercanías ha puesto de manifiesto la ineficiencia institucional y el deterioro de los servicios públicos bajo la administración socialista. La pretendida narrativa de la "responsabilidad asumida" es vista por analistas como una maniobra de propaganda política orientada a frenar el desplome del PSOE en las encuestas previas al 29N.
El nombramiento de Carlos Cuerpo busca neutralizar las críticas sobre la incapacidad técnica del Ministerio de Transportes, en un contexto donde el electorado exige un retorno a la competencia profesional, el rigor administrativo y la rendición de cuentas real ante las familias de las víctimas.
(Con información de El Mundo y EFE)
