En un intento desesperado por frenar las pesquisas que acorralan su entorno patrimonial y esquivar la fiscalización judicial sobre sus años en el poder, el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para exigir que se tramite una comisión rogatoria a Arabia Saudí que intente avalar su versión sobre las sospechosas alhajas intervenidas en sus dependencias.
El recurso legal busca revocar de forma drástica el auto dictado por el magistrado instructor José Luis Calama, quien denegó dicha diligencia por considerarla inútil y carente de sustento probatorio real. A través de su letrado, el exlíder del PSOE insiste en calificar de "verosímil y precisa" su explicación sobre el suntuoso ajuar de alta joyería (tasado por los peritos judiciales en aproximadamente un millón de euros), aduciendo que fue un obsequio diplomático entregado en 2007 por el monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz.
Para justificar la ausencia de cualquier documento oficial, registro o acuse de recibo en el Patrimonio Nacional durante casi dos décadas, la defensa de Zapatero argumentó que exigir un recibo en aquel momento hubiese sido algo "extravagante" y aseguró de manera insólita que "las joyas nunca fueron usadas por nadie". Zapatero llega a alegar una supuesta "indefensión" ante la negativa del instructor a dar por buena su justificación oral, en un intento por desviar la atención sobre la opacidad que rodea la posesión de este millonario patrimonio privado no declarado.
Opacidad socialista y la contundencia del instructor Calama
El rechazo del juez Calama a dar curso a la petición del expresidente pone de relieve la independencia de la magistratura frente a las maniobras de las élites socialistas para dilatar las causas sobre sus privilegios no justificados. La pretensión de justificar la tenencia de bienes millonarios mediante supuestos regalos de regímenes absolutos contrasta con la exigencia legal de transparencia y entrega obligatoria de obsequios institucionales al Estado.
Esta lucha frontal por la rendición de cuentas e integridad en la función pública en España frente a los escándalos del entorno socialista coincide con las actuaciones de las autoridades internacionales contra las redes de dinero ilícito y blanqueo.
(Con información de El Mundo)
