El Gobierno de los Estados Unidos elevó su rechazo ante las condiciones de reclusión a las que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sometido al exdiputado nicaragüense, Brooklyn Rivera. A través de una declaración de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la administración norteamericana calificó la represión y el trato infligido al dirigente comunal como un acto de "violencia e inhumanidad abominable".
Washington exigió la excarcelación "incondicional" e inmediata tanto de Rivera como de la totalidad de los ciudadanos que permanecen recluidos en las mazmorras del país centroamericano únicamente por disentir del régimen oficialista.
La reacción de los Estados Unidos se produjo pocas horas después de que los aparatos de propaganda controlados por el Estado nicaragüense divulgaran un informe médico oficial y fotografías que muestran a Rivera, de 73 años de edad, en un estado físico alarmante, visiblemente enflaquecido y postrado en una cama hospitalaria.
Según la versión de la dictadura sandinista, el líder de la organización política Yatama se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un centro médico en Managua, bajo un pronóstico reservado y con asistencia de ventilación mecánica debido a complicaciones respiratorias severas.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el comunicado del régimen no es más que "un intento por ocultar su papel en el cruel tratamiento y condición actual" del líder miskito.Washington enfatizó que la salud del exdiputado colapsó debido a los tratos inhumanos y a la sistemática denegación de asistencia médica independiente que caracterizan a los centros de detención operados por la dictadura de los Ortega-Murillo.
La reaparición pública de Brooklyn Rivera en una cama de hospital pone fin a meses de una angustiosa desaparición forzada que mantenía en vilo a las comunidades del Caribe de Nicaragua y a la opinión pública internacional. El líder social fue arrestado arbitrariamente por las fuerzas policiales en septiembre de 2023, en la antesala de los comicios regionales.
Desde el momento de su captura, el sistema judicial orteguista ignoró más de ocho recursos legales presentados para conocer su paradero, manteniendo a sus familiares en un aislamiento absoluto en el que ni siquiera se les permitía corroborar si el dirigente seguía con vida.
(Con información de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y de La Prensa)
