Una conmovedora denuncia difundida en redes sociales expuso la desaparición forzada de Elvia Junieth Flores y sus dos hijas menores, Camila y Melissa. Su madre, Elpidia Castillo, reveló que perdió todo contacto con ellas el 21 de marzo de 2025 en Nicaragua. Desesperada desde el exilio, la mujer responsabilizó directamente a la tiranía de Daniel Ortega por la integridad física de sus familiares.
La joven desaparecida arrastra un doloroso historial ligado de forma directa al jefe del régimen sandinista desde hace más de una década. En 2017, sus hermanos denunciaron formalmente que Ortega abusó sexualmente de ella cuando tenía apenas 15 años. De esa relación abusiva nacieron dos menores que hoy también se encuentran en paradero desconocido.
La persecución contra el clan familiar ha sido implacable, incluyendo confiscaciones, desalojos y encarcelamientos arbitrarios por parte del aparato represor estatal. Uno de los colaboradores más cercanos a la pareja dictatorial, el sancionado Néstor Moncada Lau, actuó como el principal encubridor del crimen. Moncada registró legalmente a la primera hija de la víctima para proteger al mandatario.
Quien pagó el precio más alto por defender a Elvia Junieth fue su hermano, el abogado Santos Sebastián Flores. Tras denunciar valientemente el abuso del dictador en 2005, Flores fue arrestado bajo cargos totalmente fabricados por una jueza afín al sandinismo. El profesional del derecho fue condenado injustamente a cumplir una pena de 15 años de prisión.
Durante su reclusión, el prisionero político sufrió brutales torturas físicas y aislamiento prolongado en la cárcel de Tipitapa. En noviembre de 2021, Flores falleció bajo custodia oficial en condiciones sumamente sospechosas que denotaban extrema desnutrición. La autocracia atribuyó la muerte a un infarto, una versión que la familia rechazó categóricamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino formalmente en el caso, declarando al Estado nicaragüense responsable por la violación sistemática de los derechos humanos. La CIDH documentó que el cuerpo de Flores presentaba marcas evidentes de violencia física consistentes con prácticas de tortura penitenciaria. El organismo internacional demandó reparaciones financieras e investigaciones independientes que la dictadura ha ignorado.
Hoy, Elpidia Castillo continúa su incansable campaña de denuncia pública apoyada únicamente en su fe cristiana. Entre lágrimas, la abuela clama por información que le permita constatar el estado de salud de sus nietas secuestradas. La comunidad internacional sigue con extrema preocupación este caso que retrata la crueldad del sandinismo.
(Con información de Infobae)
