El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado en casi dos décadas un opaco conglomerado empresarial acumulando una fortuna estimada en al menos USD 2,500 millones. De acuerdo con una serie de revelaciones publicadas por el diario La Prensa de Nicaragua, el vertiginoso ascenso financiero del clan familiar carece de herencias previas y contrasta con la limitada experiencia laboral de la pareja dinástica antes de retornar al poder en 2007.
Especialistas financieros detallan que la riqueza proviene de la privatización de recursos públicos y el desvío discrecional de la cooperación venezolana, la cual inyectó cerca de USD 5,000 millones al país, quedando bajo el control directo del matrimonio al menos USD 500 millones anuales que nutrieron sus negocios privados.
El gigantesco patrimonio de la casta sandinista quedó formalmente expuesto ante los mercados globales tras las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el Banco Corporativo (Bancorp), entidad financiera utilizada en complejos esquemas de lavado de dinero y corrupción. El entramado societario abarca más de 22 compañías transaccionales activas en sectores estratégicos como el petróleo, bienes raíces, medios de comunicación y servicios de aduana.
Entre las firmas sancionadas destacan monopolios como DNP Petronic y la financiera Caruna, corporaciones que absorben millonarios contratos estatales de forma directa y controlan la distribución exclusiva de combustibles, blindando los activos familiares frente a futuras investigaciones judiciales.
A la par de los negocios petroleros, el círculo íntimo presidencial ha encontrado un lucrativo nicho económico en la explotación del sector aurífero nicaragüense. Investigaciones periodísticas detallan que a través de firmas de fachada como el Grupo Minero Xiloá S.A. (Grumixsa) y Capital Mining, controladas por el hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, el régimen ha capturado más de USD 80 millones.
Estas sociedades imponen condiciones de semiesclavitud a los pequeños mineros locales y dominan con absoluta opacidad las exportaciones de oro, permitiendo a la cúpula estatal acumular ingentes cantidades de dinero en efectivo fuera del circuito bancario internacional formal para burlar el cerco de las democracias occidentales.
Asimismo, la tiranía centroamericana convirtió el drama de la migración irregular en una fuente de renta de alto rendimiento para sus arcas personales. La Prensa documentó que la dictadura facilitó deliberadamente el libre visado para ciudadanos cubanos, extracontinentales y asiáticos, transformando el territorio nacional en un trampolín logístico de paso hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Esta red de tráfico humano institucionalizado generó ganancias millonarias mediante tasas aeroportuarias y la venta forzosa de boletos, registrando el paso de 1.14 millones de migrantes que debieron pagar peajes obligatorios.
El control del clan Ortega-Murillo también se extiende con fuerza hacia el aparato de propaganda y el sector de la construcción. La red familiar administra de manera directa los medios de comunicación masivos Canal 4 y TN8, junto a una docena de estaciones radiales que operan con pauta oficial exclusiva, mientras que en el sector inmobiliario sobresalen las firmas ICSA y Urbisa. Todo este esquema de enriquecimiento ilícito se complementa con megasueldos públicos que perciben los nueve hijos de la pareja y sus allegados, con asignaciones que oscilan entre los USD 2,500 y USD 6,000 mensuales, cifras que insultan la realidad de un país cuyo salario mínimo apenas promedia los 250 dólares.
(Con información de Infobae)
