El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas a más de 60 altos cargos, exfuncionarios y operadores políticos de Colombia y Bolivia. La contundente medida, fundamentada en investigaciones sobre vínculos directos con el narcotráfico y la corrupción sistémica, fue oficializada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la estrategia hemisférica del presidente Donald Trump para erradicar el crimen organizado en las Américas.
Entre los sancionados destaca Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña electoral que llevó al poder al izquierdista Gustavo Petro en 2022. La nómina de sancionados colombianos incluye a alcaldes y legisladores salpicados por escándalos de desvío de fondos públicos, ratificando el compromiso de Washington de respaldar los esfuerzos del presidente Abelardo de la Espriella para desmantelar las redes de impunidad heredadas de la administración anterior.
Limpieza institucional y cerco al narcotráfico en Colombia
Las investigaciones penales sobre la gestión de Roa tanto en Ecopetrol como en la financiación opaca de la campaña del progresismo motivaron la firme respuesta estadounidense. Con la reciente integración de Colombia a la alianza internacional Escudo de las Américas, el nuevo gobierno democrático consolida una estrecha cooperación en seguridad, inteligencia y combate al tráfico de estupefacientes de la mano de la Casa Blanca.
Las sanciones norteamericanas también alcanzaron a figuras como el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, el senador electo Wadith Manzur —detenido por la justicia— y la representante Karen Manrique, implicada en el saqueo de la Gestión del Riesgo (UNGRD). Este paquete de restricciones reafirma el compromiso de la administración norteamericana de ahogar financieramente y privar de legitimidad internacional a las estructuras políticas sospechosas de complicidad con las mafias.
Golpe a la red de impunidad judicial en Bolivia
En el caso de Bolivia, el Departamento de Estado retiró el visado a 40 personas, comprendiendo a 15 exfuncionarios públicos y 25 familiares directos. La lista negra incluye al exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y a fiscales anticorrupción vinculados con la red de encubrimiento del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La ofensiva de la Administración Trump contra la corrupción judicial en el país altiplánico ya provocó detenciones clave, entre ellas la del exfiscal general Roger Mariaca por cobro de sobornos. Washington reafirmó que mantendrá su política de tolerancia cero contra la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado, respaldando el restablecimiento del Estado de derecho, la responsabilidad fiscal y las libertades civiles en la región.
(Con información de EFE e Infobae)
