La administración estadounidense sancionó a Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, por su rol en el control político. Washington identificó al sector aurífero como la fuente de financiamiento para sostener el aparato represivo, buscando asfixiar las arcas estatales que se nutren de la explotación de recursos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, denunció que el régimen utiliza empresas fachada para lavar activos y generar divisas que fortalecen su permanencia. Según las investigaciones, desde 2020 se reorganizó la industria minera bajo una compleja red de testaferros para evadir controles. Las autoridades aseguraron que no permitirán el uso del sistema financiero para legitimar fondos corruptos.
«El régimen de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus co-conspiradores».
La empresa estatal ENIMINAS figura como el eje del sistema, controlando las concesiones mineras y desviando ganancias hacia operadores aliados. Entre las compañías sancionadas destaca Exportadora de Metales S.A., señalada por procesar oro en Managua y venderlo en mercados internacionales. El reporte sostiene que los ingresos se destinaron al pago de grupos paramilitares.
«Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá apuntando contra las fuentes de ingresos».
Washington incluyó a Grupo Minero Xiloá S.A., acusada de actuar como intermediaria en la compra de oro artesanal mediante pagos en efectivo. Esta red permitía al régimen movilizar capitales fuera del escrutinio bancario tradicional para financiar el control social. El paquete abarca a firmas como Thomas Metal S.A., beneficiadas con concesiones mineras irregulares.
La ofensiva apunta contra quienes participaron en la toma de la planta estadounidense BHMB Mining en Palagüina durante el año 2025. Actores vinculados al régimen expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad sin compensación. Entre los señalados figuran el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Matus Buitrago.
El viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez Tapia, fue sancionado por facilitar la transferencia de concesiones mediante trámites notariales fraudulentos. La investigación reveló una reconfiguración empresarial constante para mantener operativas las minas tras las designaciones previas. Estas maniobras buscaban burlar el cerco económico impuesto por la comunidad internacional.
Las implicaciones suponen el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, prohibiendo cualquier transacción comercial con los señalados. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones podrían enfrentar sanciones secundarias. Esta medida refuerza la presión sobre Managua para intentar provocar un cambio en el comportamiento del régimen.
La acción ocurre en el marco del aniversario de las protestas de abril, recordadas por la represión que dejó decenas de civiles muertos. La Casa Blanca mantiene su postura de apuntar contra las fuentes de riqueza de la familia Ortega-Murillo. El sector del oro, mayor caja chica de la dictadura, permanece bajo vigilancia estricta del sistema financiero.
