El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez por mantener en el cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda que costó la vida a 69 personas. Ante los barones territoriales de su formación, el líder de la oposición denunció que la Moncloa condiciona las decisiones políticas a simples mediciones de opinión pública: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”.
La contundente declaración del candidato popular se produce en el marco del reinicio de la campaña electoral con miras a los comicios del 29N, donde contrapuso su perfil de gestor avalado por su trayectoria en la Xunta de Galicia con la ineficacia del gabinete socialista. Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de abandonar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y tildó de "infame, cruel y ruin" la actitud del oficialismo ante el dolor de los familiares golpeados por la catástrofe.
Rechazo al señalamiento de operarios y reclamo de responsabilidades
El líder del PP reprochó a la Moncloa que pretenda responsabilizar de manera apresurada a un trabajador de la vía para eludir los fallos en la supervisión gubernamental. “Tardan horas en encontrar un culpable, como si no existiesen sistemas de seguridad ni la supervisión imprescindible y como si no existiese la responsabilidad política tras fallar todo lo que puede fallar”, criticó el dirigente conservador.
En vísperas de la comparecencia de Óscar Puente ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo afirmó que la gravedad de los hechos exigía la presentación directa del presidente del Gobierno. Para el candidato popular, la continuidad del titular de Transportes representa un síntoma de frivolidad frente a un sistema ferroviario que requiere urgentemente recuperar la cultura de la seguridad y confiabilidad.
Ayudas gubernamentales e incertidumbre en la alta velocidad
Horas antes de la intervención en la sede de Génova, el Gobierno anunció la aprobación de un real decreto urgente en el Consejo de Ministros para articular indemnizaciones y bajas laborales a los damnificados por la catástrofe. Las medidas buscan atenuar el impacto social tras la tragedia mientras las autoridades aseguran que intentarán restablecer la confianza en el servicio de alta velocidad.
A pesar de los anuncios económicos del Ejecutivo, el Partido Popular ratificó que fiscalizará de manera exhaustiva la gestión pública del sector de transportes durante todo el periodo electoral. La agrupación opositora insiste en la necesidad de un cambio de dirección política en España que garantice una administración técnica responsable y alejada del cálculo partidista.
(Con información de Infobae)
