El Ministerio de Migración y Asilo de Grecia informó que la Dirección de Retornos llevó a cabo una revisión exhaustiva entre el 1 de marzo y el pasado jueves. El argumento central es que las circunstancias que obligaron a conceder el asilo “han dejado de existir” en diversas regiones de Siria tras el colapso del anterior sistema de gobierno. Para los sectores conservadores, esta medida representa un ejercicio de responsabilidad estatal, asegurando que los recursos de acogida no se conviertan en una residencia permanente injustificada que sature los servicios públicos nacionales.
Esta decisión se apoya estrictamente en la legalidad internacional, recurriendo al artículo 11 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Dicha normativa establece que la protección debe cesar cuando los motivos que la originaron desaparecen. Al aplicar esta cláusula, el Ejecutivo griego envía su mensaje sobre que el asilo es un recurso humanitario excepcional y transitorio, no una vía alternativa para la inmigración irregular que elude los controles habituales de entrada y permanencia.
“El proceso de retorno a Siria ha comenzado después de 10 años y Grecia está desempeñando un papel de liderazgo”, subrayó el Ministerio de Migración en su comunicado oficial.
Además de las revocaciones, el ministerio destacó un aumento en los retornos voluntarios. Desde octubre pasado, 89 ciudadanos sirios han decidido regresar a su patria por cuenta propia, cifra que representa el 50% del total de retornos de esa nacionalidad en toda la Unión Europea. Este dato refuerza la tesis de la derecha independiente sobre la viabilidad de la repatriación cuando se establecen marcos institucionales claros que incentiven la vuelta a un país que ya no representa un riesgo inminente para la vida de sus ciudadanos.
