El caso Plus Ultra ha dado un giro este martes en la Audiencia Nacional con la declaración como investigado del empresario Julio Martínez Martínez, señalado en las pesquisas policiales como el "testaferro" y "lugarteniente principal" de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras tres horas de comparecencia ante el magistrado José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción, Martínez decidió colaborar con la Justicia. Durante el interrogatorio, el imputado sostuvo que el expresidente del Gobierno socialista estaba "puntualmente informado" de cada uno de los pasos dados para la consecución del rescate público.
La declaración de Martínez golpea la defensa de Zapatero, a quien la instrucción ubica en el vértice superior de una red de tráfico de influencias diseñada para direccionar fondos públicos hacia su entorno más cercano. Según expuso el imputado ante el juez Calama, fue el propio expresidente del Ejecutivo quien le comunicó de manera anticipada que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobaría el rescate financiero a favor de la aerolínea por un valor de 53 millones de euros, mucho antes de que el Consejo de Ministros formalizara el acuerdo mediante la vía ejecutiva.
Martínez reitero que el pago acordado por ejercer la mediación política ascendió al 1% de la cuantía total inyectada por el Estado (aproximadamente 530.000 euros), transferidos a través de la consultora instrumental Análisis Relevante. Las pesquisas policiales señalan que dicho entramado societario destinó 490.780 euros de manera directa a Zapatero entre los años 2020 y 2025, además de 239.755 euros desviados a What The Fav, sociedad de la que son titulares las hijas del exlíder socialista.
"La intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos de la red", concluye el magistrado en los autos del expediente judicial.
El cerco judicial y fiscal sobre la trama salpica también a la administración tributaria española. Esta misma semana, la exdirectora de la Agencia Tributaria Soledad Fernández Doctor admitió ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI que existió un "error lamentable" e incomprensible por el cual los sistemas automáticos de control no emitieron alertas sobre Martínez. A pesar de que el empresario manejaba un entramado de 39 mercantiles (incluida una firma opaca radicada en las Islas Vírgenes Británicas) y pagaba alquileres de 60.000 euros mensuales, el fisco omitió abrir expedientes de inspección sobre sus cuentas durante los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2023.
La postura de Martínez coincide con los escritos recientemente incorporados a la causa por el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli. Ambos directivos admitieron la existencia de contratos firmados para retribuir las gestiones de acompañamiento político ante el Estado. De esta forma, las evidencias probatorias desmienten la versión previa que prestó Zapatero el pasado mes de junio bajo juramento, cuando negó de plano haber contactado a autoridades ministeriales o a funcionarios para viabilizar el multimillonario préstamo que benefició a la aerolínea.
(Con información de Euronews y Tribuna y Burgos)
