En una decisión judicial que ratifica el endurecimiento de las penas contra los delitos de extrema gravedad, el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, dictó la primera condena a prisión perpetua revisable en la historia de El Salvador. La sentencia fue impuesta contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años de edad, tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de Alexis López Córdova.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y los reportes de Centros Judiciales, el crimen se perpetró en la tarde del 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, ubicado en el distrito de Arcatao, Chalatenango Norte. Tras consumir bebidas alcohólicas, Herrera Castro atacó violentamente a la víctima causándole heridas mortales en la cabeza, el rostro y los brazos mediante el uso de piedras, para posteriormente sustraerle el dinero en efectivo que llevaba consigo.
"La representación fiscal presentó declaraciones de testigos que observaron al imputado contando dinero junto al cuerpo de la víctima. Asimismo, se probó que Herrera Castro ofreció 10 dólares a uno de los testigos para evitar que informara sobre lo ocurrido", detalló el informe oficial emitido por Centros Judiciales.
El fallo histórico se fundamentó en el artículo 92-B del Código Penal salvadoreño, marco normativo que incorporó la pena perpetua revisable para delitos de extrema gravedad tras las reformas impulsadas por el Estado y vigentes desde abril de 2026. Dichas disposiciones legales quedaron plenamente operativas con la habilitación formal de los Juzgados de lo Criminal el 14 de mayo de 2026. Al haberse cometido el hecho cuatro días después de la entrada en funcionamiento de los nuevos tribunales, la normativa resultó plenamente aplicable al procesado.
La imposición de esta primera pena perpetua refleja la firmeza del aparato de justicia salvadoreño en la erradicación de la violencia y la tutela de la vida de sus ciudadanos. Con esta resolución, el Poder Judicial sienta un precedente sobre el estricto cumplimiento de la ley y el fin de la impunidad en el territorio nacional, garantizando que quienes atenten contra la integridad de los salvadoreños enfrenten todo el peso de las sanciones penales aprobadas por el Estado.
(Con información de El Mundo y Diario 1)
