La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate una reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas tras la catástrofe. El Parlamento intenta paliar de urgencia las consecuencias de los sismos de junio que dejaron miles de familias damnificadas en varias regiones. Esta maniobra legislativa evidencia la incapacidad de las instituciones públicas para responder eficazmente ante emergencias habitacionales previas sin recurrir al auxilio del sector privado.
El primer vicepresidente de la institución, Pedro Infante, justificó la medida bajo la promesa de promover un nuevo enfoque de desarrollo adaptado a la realidad nacional. Sin embargo, diversos analistas advierten que la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria es una admisión táctica del fracaso de las rígidas políticas económicas previas. El poder legislativo busca ahora el financiamiento privado para solventar la severa crisis de infraestructura nacional.
El proyecto contempla eliminar el esquema de precios fijos que asfixió al sector constructor durante años de alta inflación y controles estatales de precios. Las nuevas directrices permitirán que las partes acuerden mecanismos para estabilizar el saldo deudor de acuerdo con las fluctuaciones reales del mercado inmobiliario. Esta flexibilización representa un giro pragmático de las autoridades para intentar reactivar una economía gravemente golpeada por la recesión.
Adicionalmente, la propuesta suprime el límite legal que exigía culminar las obras en un plazo máximo de veinticuatro meses. La flexibilización de estos lapsos temporales busca reducir los riesgos regulatorios desproporcionados que desalentaban de forma sistemática la inversión en el país. Las autoridades pretenden ahora estimular la participación bancaria tanto pública como privada para financiar los nuevos proyectos urbanísticos.
La diputada opositora Alejandra Rodríguez valoró la importancia de actualizar la norma pero exigió que se escuchen a todos los sectores involucrados. La legisladora enfatizó la necesidad de buscar un equilibrio real entre la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica. La bancada independiente mantiene fuertes reservas sobre el verdadero alcance del diálogo y teme que las propuestas independientes sean ignoradas en la redacción definitiva.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calculó en veinticinco mil las viviendas necesarias para los damnificados de la tragedia. El directivo parlamentario anunció la implementación de un censo biométrico en campamentos provisionales ubicados en Caracas, Miranda y La Guaira. Diversos críticos del gobierno temen que este empadronamiento sea utilizado como mecanismo de control social sobre los ciudadanos afectados.
La región costera de La Guaira se mantiene como la zona más golpeada por los terremotos, registrando cientos de estructuras colapsadas y miles de refugiados temporales. La falta de mantenimiento en las obras públicas y el desvío de los fondos públicos destinados a la vivienda agravaron severamente el impacto del desastre. El anuncio de este plan de reconstrucción es recibido con profundo escepticismo por la población debido a las promesas incumplidas en el pasado.
(Con información de Infobae)
