La Cámara de Diputados de Italia ha apoyado la agenda de seguridad de Giorgia Meloni al aprobar un decreto que incentiva económicamente la salida de migrantes irregulares. La medida establece un pago de 615 euros para abogados, mediadores y asociaciones que logren completar con éxito los expedientes de repatriación voluntaria, buscando acelerar el desalojo de los centros de acogida.
🇮🇹‼️ | La Cámara de Diputados de Italia ha aprobado un decreto de ley que establece un incentivo de 615 euros para abogados, mediadores y asociaciones que completen los expedientes de repatriación voluntaria. En el ámbito penal, el decreto endurece el control público al autorizar… pic.twitter.com/Y0EMCCx49T
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 24, 2026
Este paquete legislativo, que tuvo que ser corregido en el último minuto por dudas sobre su constitucionalidad, representa un giro pragmático y severo en la gestión migratoria. Al poner precio a la agilización de los trámites de salida, el Ejecutivo busca que los profesionales del derecho prioricen el retorno de los extranjeros sobre los largos procesos de apelación para asilo.
“Estamos poniendo orden donde antes había caos. El incentivo de 615 euros es una herramienta de eficiencia administrativa para asegurar que la ley se cumpla y que quienes deban regresar a sus países lo hagan de forma asistida y rápida”, defendieron legisladores del oficialismo durante el debate.
Más allá de la repatriación, el decreto endurece el control social al autorizar detenciones preventivas de hasta 12 horas para "individuos peligrosos" sin necesidad de cargos inmediatos. El Gobierno justifica esto como una medida de prevención ante la creciente inseguridad urbana.
El ámbito de la propiedad privada también recibe un blindaje con el incremento de las sanciones contra la ocupación de viviendas, una de las promesas de campaña de Meloni. La nueva norma facilita los desalojos exprés y castiga con mayor rigor a quienes usurpen inmuebles, eliminando las lagunas legales que permitían procesos judiciales de años.
“Este decreto es una respuesta a la demanda de seguridad de los italianos. Incrementamos las penas por porte de armas blancas y terminamos con la impunidad de las ocupaciones ilegales”, señaló el ministro del Interior al celebrar el avance de la ley en el Parlamento.
El control sobre el porte de armas blancas es otro de los pilares reforzados en esta reforma. Con el aumento de la vigilancia en las calles, la administración Meloni busca reducir los índices de criminalidad en las periferias de las grandes ciudades, otorgando a las fuerzas de seguridad un marco legal mucho más agresivo para intervenir ante sospechas mínimas.
Tras superar la Cámara Baja, el decreto se encamina al Senado con la intención de entrar en vigor plenamente antes de que la presión migratoria aumente con la llegada del verano, consolidando a Italia como el país con las políticas de retorno más activas de la Unión Europea.
