La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró formalmente responsable a la dictadura comunista de Cuba por la desaparición forzada, detención arbitraria y condena fraudulenta del rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo. Mediante el demoledor Informe No. 78/26, el órgano internacional sepultó la legitimidad del régimen castrista al dictaminar la violación sistemática de los derechos del músico.
Osorbo, cofundador del Movimiento San Isidro y coautor de “Patria y Vida” —himno que obtuvo dos Grammy Latinos—, ha sido blanco de una persecución de Estado diseñada exclusivamente para aplastar el disenso político.
El dictamen de la CIDH confirma que el rapero fue víctima de desaparición forzada durante catorce días tras su violento arresto el 18 de mayo de 2021, cuando fue sacado de su vivienda descalzo. Durante dos semanas, la maquinaria represiva ocultó el paradero del opositor a sus familiares, una práctica delictiva ejecutada por agentes oficiales que la Comisión calificó como ilegal al no existir flagrancia ni orden judicial.
La Fiscalía del régimen sostuvo la prisión provisional sin justificar ningún riesgo de fuga, ensañándose contra el activista por el simple hecho de ejercer una ciudadanía movilizada y transformar el arte en denuncia.
El simulacro de juicio que culminó con una infundada condena de nueve años de prisión por supuestos delitos de desacato y atentado evidenció la absoluta falta de independencia judicial en la isla. El proceso se ejecutó de forma clandestina a puerta cerrada, prohibiendo el acceso a observadores independientes, al tiempo que el régimen inhabilitó a la abogada defensora de Osorbo solo tres días antes de la audiencia.
La CIDH señaló que el delito de desacato es incompatible con la libertad y que la dictadura utiliza estas figuras penales ambiguas para criminalizar la protesta social y propagar un clima de terror institucional.
Las deplorables condiciones de reclusión dentro de las prisiones castristas también quedaron documentadas, retratando el hostigamiento que Osorbo padece diariamente en su celda. El informe detalla la aplicación de castigos de aislamiento severo, amenazas y la deliberada denegación de asistencia médica para tratar una grave inflamación de ganglios que el disidente arrastra desde 2022.
Frente a este veredicto, la CIDH exige al Estado cubano anular de inmediato la sentencia condenable, investigar penalmente la desaparición forzada y reformar las leyes utilizadas para perseguir a los disidentes. Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, la resolución desnuda una maquinaria donde policías, fiscales y jueces actúan coordinados como un sistema de opresión política.
(Con información de Infobae)
