La joyería propiedad de Mario Roggero, situada en la localidad de Gallo de Grinzane Cavour (Cuneo), reabrió sus puertas al público el pasado lunes bajo la atención directa de su esposa, Mariangela Sandrone, y una de sus cuatro hijas. La reapertura se produce semanas después de que el establecimiento permaneciera cerrado a la espera del fallo de la Corte de Casación italiana, el cual ratificó la condena a 14 años y 9 meses de prisión contra el comerciante por haber abatido a dos de los tres delincuentes que irrumpieron armados en su negocio durante un asalto perpetrado en abril de 2021.
En declaraciones ofrecidas a la agencia italiana ANSA, Sandrone relató el impacto emocional que atraviesa el entorno familiar luego de reencontrarse con el comerciante en el centro penitenciario de Bollate, donde permanece recluso. La mujer calificó de inaceptable que un ciudadano de 72 años de edad, dedicado al trabajo honrado desde 1980 en la misma comunidad, enfrente una pena privativa de libertad de tal magnitud por defender su patrimonio y su vida.
Durante sus reflexiones sobre el caso, la esposa del joyero cuestionó las condiciones de seguridad en las que trabajan los comerciantes en el país, rechazando las acusaciones que señalan al comerciante por actuar al estilo del "Viejo Oeste". Sandrone sostuvo que la verdadera desprotección ciudadana se vive en las calles e insistió en la necesidad de modificar los marcos normativos para garantizar un respaldo efectivo a las víctimas de robos con violencia, anunciando que continuará visitando a su esposo en prisión de manera regular.
"Iba a ver a mi esposo y pudimos estar tres horas juntos. Decir que es absurdo que una persona de 72 años que siempre ha trabajado deba sufrir esto es poco. No es normal, espero que muy pronto pueda salir de allí porque no debe estar absolutamente en una cárcel", afirmó Mariangela Sandrone durante la reapertura del local.
Asimismo, la familia del joyero destacó la reciente divulgación de un material de video que documenta los momentos de la riña física ocurridos en el ángulo ciego de las cámaras de seguridad del establecimiento, un sector del inmueble que no contaba con cobertura directa de videovigilancia. Según denunció Sandrone, esta prueba audiovisual clave que demuestra la agresión sufrida por Roggero a manos de los asaltantes no fue admitida ni valorada oportunamente por los magistrados durante las audiencias del juicio oral en el tribunal.
Con la reapertura del negocio familiar, la esposa e hijas de Roggero buscan sostener el sustento económico del hogar mientras sus representantes legales evalúan nuevas acciones procesales ante las instancias correspondientes. El caso ha reabierto un intenso debate social y legislativo en Italia sobre los límites de la legítima defensa, el derecho a la protección de la propiedad privada y la severidad de las sanciones penales impuestas a los ciudadanos que reaccionan ante delitos violentos.
(Con información de Agencia ANSA y Il Giornale)
