En un despliegue operativo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron a primera hora de este miércoles 27 de mayo en la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid. La intervención, ordenada de urgencia por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, busca incautar discos duros, teléfonos móviles y contabilidad interna que demuestren una red criminal de financiación ilegal y el desvío de capitales públicos mediante la emisión masiva de facturas falsas.
El juez Pedraz ha dictado la imputación formal del exsecretario de organización y hombre de máxima confianza de la Moncloa, Santos Cerdán, ordenando el registro simultáneo de su domicilio particular en la localidad navarra de Milagro.
La ofensiva penal ha alcanzado con la misma contundencia al dirigente andaluz Gaspar Zarrías y a la actual gerente nacional del PSOE, Ana María Fuentes. Según el auto judicial, Fuentes operaba indiciariamente como cómplice necesaria de la trama, estampando su firma obligatoria en contratos fraudulentos para blanquear las comisiones ilegales dirigidas a sostener las cuentas del socialismo.
🇪🇸‼️ | LO ÚLTIMO — La Policía anticorrupción española allanó este miércoles la sede nacional del PSOE de Pedro Sánchez en Madrid en busca de pruebas sobre una presunta trama de financiación ilegal. El operativo llega en plena tormenta política tras la imputación de José Luis… pic.twitter.com/efyATNKXgP
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 27, 2026
Las cloacas de la "fontanera" y la desestabilización de los jueces
El origen de este terremoto judicial se remonta a las ramificaciones del "caso Leire", una investigación criminal que mantiene bajo secreto de sumario las actividades de la exmilitante Leire Díez, calificada por los peritos como la "fontanera" del PSOE, y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Las pesquisas de la UCO destaparon una organización criminal dedicada al amaño descarado de contratos públicos en el sector de las energías renovables, adjudicando de manera delictiva un total de 132 millones de euros a empresas satélites vinculadas directamente con la firma Forestalia. El dinero desviado de las arcas públicas regresaba a las arcas de Ferraz mediante pagos enmascarados con conceptos mercantiles simulados que contaban con el beneplácito de la cúpula socialista.
La gravedad del caso adquiere tintes de mafiosidad política tras revelarse la implicación directa de miembros corrompidos de las propias fuerzas de seguridad afines al Gobierno.
El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, se personó de forma paralela en la comandancia de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno para incautar los expedientes disciplinarios y las investigaciones reservadas que la dirección política de la institución había abierto de manera coactiva contra los agentes honestos que investigaban al PSOE.
En esta sub-trama figura como principal imputado el capitán Sánchez Yepes (antiguo asesor de la exdirectora general socialista María Gámez), señalado por cometer cohecho y revelación de secretos en una campaña coordinada desde el propio Ejecutivo para acosar, espiar y desestabilizar a los jueces y fiscales encargados de procesar la corrupción sanchista.
Caos y bochorno en el Congreso: la oposición exige las urnas
La irrupción policial en el cuartel general del socialismo paralizó por completo la actividad del poder legislativo en Madrid, desatando una escena de caos y bochorno generalizado en el Congreso de los Diputados.
La agitación política por el registro coincidió con la activación de un simulacro de incendios previamente programado, obligando a los ministros y diputados a desalojar el Hemiciclo a pie de calle bajo el estruendo de las sirenas. Los representantes de la oposición aprovecharon la Puerta de los Leones para denunciar la degradación moral de un Gobierno que se parapeta tras las instituciones del Estado mientras es cercado de forma unánime por los tribunales de justicia.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció de urgencia ante los medios de comunicación para calificar la situación de "extrema gravedad" y exigir la disolución inmediata de las Cortes Generales para dar paso a elecciones generales anticipadas.
"La pregunta es cuántas redadas más, cuántas mordidas más y cuánto dinero en bolsas hacen falta para que esta agonía termine. El presidente debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás", espetó el jefe de la oposición en referencia al viaje de Pedro Sánchez.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, proclamó bajo una sonora ovación que el socialismo "está de corrupción hasta las cejas", tildando a la sede de Ferraz como un "meme y la perla negra de la delincuencia en España", mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, reclamó la detención inmediata de la "mafia de Sánchez".
Sánchez huye a Roma y minimiza el saqueo institucional
Completamente aislado del clamor social y judicial que sacude a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante la prensa internacional desde Roma tras refugiarse en una audiencia oficial con el Papa Francisco en el Vaticano.
La rueda de prensa presidencial, que comenzó con retraso fue utilizada por el líder socialista para lanzar diatribas ideológicas contra las redes sociales y alertar sobre los supuestos peligros de la inteligencia artificial. Sánchez intentó desviar la atención del saqueo institucional recurriendo a gastados balances macroeconómicos en un intento desesperado por silenciar las preguntas de los corresponsales acreditados.
Al ser acorralado por los periodistas sobre la entrada de la Guardia Civil en su cuartel general, el líder del PSOE exhibió una gélida cautela, prometiendo una supuesta "contundencia contra la corrupción" que contrasta con la realidad procesal de sus socios más íntimos.
Sánchez ratificó de forma desafiante su absoluto apoyo político al imputado Rodríguez Zapatero, asegurando que su partido "no tiene nada que esconder" y descartando tajantemente cualquier escenario de adelanto electoral apelando de forma cínica a la estabilidad.
El aparato sanchista recurre al manual del "lawfare" para camuflar el registro
En un intento desesperado por mitigar los daños y controlar los daños en los medios afines, la dirección de comunicación del PSOE emitió un comunicado oficial en el que pretendió rebajar la gravedad de la intervención policial en Ferraz. Los portavoces socialistas recurrieron a eufemismos semánticos, afirmando que el operativo de la UCO no constituyó un registro judicial propiamente dicho, sino un mero "requerimiento pacífico de documentación informática".
El ministro de Transportes, Óscar Puente, empleó sus plataformas digitales para atacar con virulencia la legitimidad del procedimiento de la Guardia Civil, agitando abiertamente la narrativa conspirativa del lawfare.
"Visten como un registro lo que es un simple requerimiento. ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", atacó el ministro.
Mientras el socialismo intenta blindar sus cloacas, la tensión sigue en aumento en los alrededores de la calle Ferraz, donde unidades antidisturbios de la Policía Nacional mantienen cortados los carriles de tránsito colindantes para contener a decenas de ciudadanos indignados y contener la avalancha de medios de comunicación que documentan el histórico registro.
(Con información de El Confidencial, La Razón)
