La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y el Ministerio Público asestaron un golpe definitivo contra el crimen organizado transnacional al desarticular una peligrosa célula del Tren de Aragua que logró lavar más de USD 87 millones de dólares. A través de allanamientos simultáneos en sucursales bancarias, domicilios particulares y recintos penitenciarios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, las fuerzas de seguridad detuvieron a 18 integrantes de la organización delictiva de origen venezolano.
Las millonarias ganancias ilícitas eran enviadas al exterior mediante plataformas de criptomonedas con destino a Colombia, donde se encuentra bajo prisión el cabecilla de la red, Carlos “Bobby” Gómez. Este peligroso delincuente internacional cuenta con una orden de extradición pendiente hacia Santiago por su implicación directa en el secuestro y posterior asesinato del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda, ejecutado por el brazo operativo de la banda en 2026.
Entre los detenidos clave de la organización destaca el ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo en el Banco Santander chileno tras haber registrado un sospechoso pasado laboral en el estatal Banco de Venezuela, controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló en conferencia de prensa que este operador financiero utilizaba su posición estratégica dentro del mercado local para abrir múltiples cuentas corrientes a nombre de testaferros y facilitar el blanqueo de capitales a gran escala.
Las autoridades judiciales confirmaron que el capital provenía de una red criminal que funcionaba bajo la fachada de una "productora de eventos", la cual se dedicaba a extorsionar a comerciantes nocturnos, vender sustancias estupefacientes y coaccionar a mujeres a través de redes de prostitución.
La contundencia de la investigación chilena ratifica la vinculación directa de las altas esferas del Tren de Aragua con el atentado terrorista perpetrado contra el teniente Ronald Ojeda en la capital transandina. Informes de inteligencia policial e interrogatorios judiciales revelaron que la instrucción de liquidar al militar opositor provino directamente del jefe máximo de la megabanda, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien permanece prófugo de la justicia internacional.
La orden de ejecución fue transmitida en territorio chileno por el propio Carlos “Bobby” Gómez hacia la facción local conocida como “Los Piratas de Aragua”, comandada por Adrián Gámez Finol. Testimonios bajo reserva judicial confirmaron que esta cúpula criminal opera con total impunidad coordinando dobles secuestros, homicidios selectivos y extorsiones sistemáticas que amenazan la paz de las naciones occidentales.
El éxito del procedimiento requirió una estrecha cooperación internacional entre detectives de la $PDI$ y la Policía Nacional de Colombia, quienes allanaron la celda de alta seguridad en Bogotá donde permanece recluido alias “Bobby” Gómez. El fiscal Barros calificó la operación como uno de los mayores fraudes financieros en la historia reciente de la nación, destacando que el origen de las pesquisas se remonta a una sangrienta masacre ocurrida durante una megafiesta clandestina en la comuna de Lampa, donde cinco personas fueron ejecutadas a balazos por sicarios caribeños.
Al cierre de las audiencias de formalización en los tribunales de Santiago, los imputados quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva debido al inminente peligro de fuga y la gravedad de las penas asociadas a la legislación penal. Los equipos jurídicos del gobierno chileno agilizan los trámites diplomáticos con la cancillería colombiana para concretar el traslado inmediato de Carlos “Bobby” Gómez a fin de que enfrente el veredicto de un jurado por crímenes de lesa humanidad y terrorismo doméstico.
(Con información de Infobae)
