El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles 15 de abril el texto final del Real Decreto para la regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes. La normativa, fruto del pacto entre el PSOE y Podemos, relega a la Policía Nacional a un segundo plano, otorgando la gestión principal a las Oficinas de Extranjería y a empresas públicas como Correos o Tragsa. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian que esta decisión despoja al proceso de los únicos agentes capaces de cruzar datos de inteligencia y detectar identidades falsas de manera efectiva.
El malestar en el seno policial es profundo. Organizaciones como JUPOL califican de "grave" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya externalizado funciones críticas de seguridad, interpretando esta medida como una clara "falta de confianza" hacia los especialistas en control migratorio. Al desplazar a los agentes, se elimina la capacidad preventiva: la Policía solo intervendrá si un funcionario administrativo detecta una "anomalía", lo que aumenta exponencialmente el riesgo de que personas con perfiles delictivos obtengan la residencia legal debido a la falta de pericia técnica de quienes tramitan los expedientes.
“La Policía no es un accesorio en materia de extranjería; somos los únicos con capacidad real para verificar antecedentes y detectar fraude documental”, sostienen desde el SUP.
Uno de los puntos más críticos es la verificación de los antecedentes penales. Aunque el Gobierno dio marcha atrás en la idea de permitir "declaraciones responsables" tras las críticas del Consejo de Estado, la Policía advierte que los plazos de la regularización (que cierra el 30 de junio) son peligrosamente cortos. Los agentes señalan que la lentitud judicial podría permitir que delincuentes con causas abiertas o detenciones recientes aparezcan con expedientes limpios, facilitando la inserción de elementos peligrosos en la sociedad española bajo el amparo de la legalidad administrativa.
Este decreto representa una claudicación ante las presiones de la extrema izquierda, priorizando la ideología sobre la seguridad ciudadana. La externalización de la soberanía fronteriza a organismos como Tragsa es vista como un desprecio a la labor policial. Además, los sindicatos alertan de que, al no haber filtros policiales previos, los agentes tendrán que revisar a posteriori medio millón de documentos de forma manual y sin refuerzos de plantilla, lo que colapsará un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades.
