El tirano Daniel Ortega confirmó la liquidación definitiva de la democracia en Nicaragua al clausurar los procesos electorales. Durante el aniversario de la revolución sandinista, el dictador de ochenta años prohibió que la oposición vuelva a competir. El autócrata izquierdista aseguró ante sus militantes que no permitirá votaciones para evitar alternancia política. Esta declaración oficial sepulta el derecho elemental de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
La dictadura somete a la nación centroamericana a un régimen de terror institucionalizado desde el año 2007. Ortega comparte el control absoluto del Estado con su esposa y copresidenta ilegítima, Rosario Murillo. Para asegurar la impunidad de su cúpula, el sandinismo justificó la sangrienta represión de las protestas. El oficialismo catalogó las manifestaciones cívicas como intentos de golpe promovidos por potencias extranjeras.
Ortega atacó con vehemencia a los líderes opositores exiliados por la persecución política de sus cuerpos armados. El mandatario anticipó la creación de barreras legales junto a la sumisa Asamblea Nacional. El paquete legislativo busca imponer un bloqueo jurídico total contra quienes califica como traidores a la patria. El régimen totalitario busca blindarse financieramente ante las presiones y sanciones económicas de Estados Unidos.
La tiranía impuso en 2025 una reforma constitucional que disolvió la separación de poderes públicos. La enmienda extendió el periodo presidencial a seis años y legalizó la criminal apatridia. El nuevo marco jurídico otorgó a la familia dictatorial el control supremo sobre todas las cortes judiciales. Organismos internacionales como la ONU y la OEA condenaron unánimemente este atropello a las libertades.
Las modificaciones forzadas de la Carta Magna postergaban los comicios generales fijados para este año. Con las reformas absolutistas, el evento electoral se reprogramó de forma arbitraria para noviembre de 2027. Sin embargo, las últimas advertencias del gobernante sandinista anulan cualquier expectativa de transparencia en el futuro. La oposición denuncia que el calendario electoral dejó de tener vigencia real bajo este mandato.
El Departamento de Estado norteamericano denunció que Rosario Murillo carece de total legitimidad democrática. El gobierno estadounidense ratificó que la funcionaria accedió al cargo mediante la manipulación de las leyes. Las democracias occidentales insisten en que el poder sustentado en el exilio y la persecución no representa al pueblo. El control social nicaragüense se apoya únicamente en el uso de la fuerza policial.
La comunidad internacional exige respuestas contundentes ante la consolidación de este bastión comunista regional. El desabastecimiento provocado por el elevado IVA asfixia la precaria economía de las familias locales. El seguimiento internacional sobre los abusos del sandinismo se mantendrá inflexible en los próximos meses.
(Con información de Infobae)
