El intento de trasladar a más de 4.000 migrantes desde las playas ceutí de Benítez y El Trampolín hacia el nuevo campamento habilitado en el puerto desembocó en una jornada de colapso logístico y fuertes protestas por parte de los sindicatos policiales. Los agentes desplegados en la zona denunciaron la absoluta insuficiencia del dispositivo diseñado por el Ministerio del Interior, asegurando que debieron contener a miles de personas en estampida con un contingente real que no superaba los 70 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Frente a la versión oficial de las autoridades gubernamentales, que aseguraban contar con 170 funcionarios en la operación, los testimonios directos de los agentes en el terreno revelaron que tan solo dos grupos operativos asumieron el cordón de contención. La desproporción numérica provocó avalanchas, momentos de extrema tensión y conatos de desbordamiento de las líneas de seguridad, donde los funcionarios debieron recurrir a disparos disuasorios al aire para frenar la presión de la multitud.
"Éramos 70 para contener a 4.000 personas. El despliegue ha sido ridículo y la situación nos ha superado por completo ante la falta de refuerzos en la línea de filtro", recriminaron portavoces policiales tras el operativo.
El recinto portuario habilitado para la contingencia (con un límite de 1.800 camas) se vio desbordado de inmediato tras completarse su capacidad a mitad de la jornada. Ante la imposibilidad de albergar al contingente completo de más de 4.000 personas que bajaron en bloque hacia la zona de acceso, la Policía Nacional debió escoltar de regreso a las playas a más de 2.000 migrantes que quedaron sin plaza, mientras la Autoridad Portuaria criticaba la falta de aviso previo por parte del Gobierno central.
Mientras los agentes denunciaron haber actuado bajo un riesgo constante y sin los medios necesarios para garantizar el orden público, desde la Casa del Gobierno se defendió la gestión del operativo. Representantes del Ejecutivo sostuvieron que la situación se canalizó en poco tiempo y sin recurrir al uso de la fuerza sobre la multitud, atribuyendo la alta concentración de personas al "efecto llamada" generado por las decisiones judiciales previas sobre la apertura del recinto.
(Con información de El Español, La Razón y El Mundo)
