El pleno del Parlamento Europeo aprobó una enmienda para condenar la invasión masiva sufrida por la ciudad autónoma de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La institución comunitaria urgió a poner en marcha una investigación "independiente y exhaustiva" que permita esclarecer las responsabilidades tras la planificación de este ataque a la frontera sur de España, así como determinar los objetivos geopolíticos que motivaron la irrupción coordinada de decenas de miles de personas promovida desde territorio marroquí.
El texto aprobado (incorporado con 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones al informe sobre amenazas globales coordinado por la eurodiputada popular Rasa Juknevičienė) define el episodio como un ataque directo a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea. Durante los debates en Estrasburgo, los representantes parlamentarios denunciaron el uso de la migración irregular como una maniobra de "guerra híbrida" destinada a chantajear e inestabilizar a las instituciones europeas, exigiendo un cierre de filas en la defensa de los contornos fronterizos.
"La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para apoyarlos", reafirmó la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Mientras Bruselas eleva el tono contra la instrumentalización migratoria, la tensión en la ciudad autónoma sigue alcanzando niveles críticos, con estimaciones locales que cifran entre 10.000 y 13.000 los extranjeros que aún permanecen asentados de forma irregular. En el ámbito político español, el Congreso de los Diputados evalúa la convalidación de un decreto ley de ayudas por 309 millones de euros destinado a mitigar los devastadores efectos del asalto. No obstante, desde la oposición han calificado las partidas de "meramente propagandísticas", señalando que la verdadera prioridad de los ceutíes es la restitución plena del orden, la seguridad nacional y el control efectivo de la línea fronteriza.
La trascendencia de la invasión ha derivado asimismo en acciones dentro del fuero judicial y educativo. La Magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar en calidad de testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, para determinar si existieron omisiones negligentes en la cadena de mando durante los días del asalto. Al mismo tiempo, la alteración del orden público en la zona ha obligado a diversas familias a trasladar los expedientes universitarios y escolares de sus hijos a la Península, evidenciando las profundas secuelas sociales generadas por la agresión fronteriza.
(Con información de El Confidencial y Europa Press)
