El estado de Minnesota ha dictado una medida regulatoria al ordenar la prohibición y el retiro obligatorio de todos los cajeros automáticos de criptomonedas a partir del próximo 1 de agosto de 2026. La determinación legal, confirmada oficialmente por la cadena Fox News, surge como una respuesta directa y contundente ante una alarmante ola de fraudes electrónicos que utilizaba estas terminales públicas para despojar a los ciudadanos de sus ahorros.
De acuerdo con las directrices emitidas por el Ejecutivo estatal, los operadores de los denominados crypto kiosks dispondrán de un plazo improrrogable que vence a finales de año para desmantelar por completo las máquinas de acceso público instaladas en establecimientos comerciales. La drástica legislación se fundamenta en un preocupante balance del Departamento de Comercio local, el cual constata que las pérdidas irreversibles por estafas mediante estos dispositivos superaron la barrera del USD 1.000.000 en el territorio durante los últimos tres años.
La radical resolución de las autoridades de Minnesota se adoptó tras comprobarse el rotundo fracaso de las estrategias de mitigación previas, las cuales incluían advertencias explícitas en las pantallas de transacciones y topes máximos al retiro e inserción de dinero en efectivo. Según detallaron los reportes de las agencias de control del consumidor, las organizaciones criminales demostraron una altísima capacidad de adaptación para sortear los bloqueos informáticos y mantener a sus víctimas bajo una coacción psicológica extrema, impidiéndoles consultar a familiares o personal bancario antes de ejecutar los depósitos.
El modus operandi perfeccionado por las redes de delincuencia organizada se aprovecha de la inmediatez de los cajeros digitales para transformar el pánico de los usuarios en pagos instantáneos y definitivos. Las organizaciones delictivas contactan telefónicamente a los ciudadanos suplantando de manera fraudulenta a agencias del orden, entidades judiciales o departamentos de seguridad de grandes corporaciones bancarias, intimidándolos con supuestas órdenes de arresto o congelamiento de cuentas.
Bajo esta severa presión, las víctimas son guiadas paso a paso en tiempo real hacia una estación de servicio o tienda de conveniencia que albergue un dispositivo criptográfico. El usuario, completamente coaccionado, introduce el dinero en papel moneda que el sistema procesa en minutos, transfiriendo los activos digitales a billeteras virtuales descentralizadas y anónimas de forma irreversible.
El impacto económico y social de este flagelo delictivo no se limita a las fronteras de Minnesota, sino que representa una seria problemática nacional monitoreada de cerca por el gobierno federal. Entre 2023 y 2025, el estado documentó formalmente 134 denuncias con pérdidas acumuladas cercanas al millón de dólares, registrando un pico crítico solo en el transcurso del año 2025 con 70 casos que sumaron más de USD 540.000.
No obstante, las estadísticas del Federal Bureau of Investigation (FBI) revelan una dimensión mucho más alarmante: durante el último año, el Internet Crime Complaint Center (IC3) recopiló más de 13.400 denuncias a nivel federal vinculadas a cajeros de criptomonedas, con un desfalco nacional superior a los USD 388 millones, concentrándose el 50% de los ataques en ciudadanos mayores de 50 años.
Entre los dramáticos testimonios validados por las autoridades judiciales que precipitaron el endurecimiento de la ley, destaca el caso de Gail Barr, una residente de Minnesota que fue despojada de USD 9.260 mediante una falsa citación de los tribunales. Asimismo, las agencias federales reportaron el caso de un anciano de 85 años estafado con un falso reembolso de la firma PayPal que derivó en la pérdida de USD 10.000 en una terminal virtual, y el fraude electrónico que afectó a Joe Allen, un ciudadano con discapacidad de Connecticut que perdió más de USD 300.000 bajo engaños de plataformas de inversión ficticias.
Las autoridades locales insistieron en aclarar que la nueva legislación no penaliza ni restringe el comercio legal de criptoactivos en portales web debidamente regulados, sino que se enfoca estrictamente en remover los vectores físicos de vulnerabilidad en la vía pública.
(Con información de Infobae y Fox News)
