En un escándalo que sacude los cimientos de la aviación española y expone posibles nexos con paraísos fiscales, la Policía Nacional ha detenido este jueves a los altos directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas, la compañía fundada en 2011 y rescatada con 53 millones de euros de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19. Las acusaciones, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, apuntan a un presunto blanqueo de capitales mediante el uso irregular de esas ayudas estatales, canalizadas hacia cuentas extranjeras vinculadas a una red supuestamente originaria de Venezuela. Con accionistas mayoritarios venezolanos y una historia plagada de números rojos, el caso Plus Ultra no solo cuestiona la gestión de recursos públicos, sino también las conexiones geopolíticas y financieras entre España y América Latina en tiempos de crisis.
El arresto del presidente, Julio Martínez Sola, y del consejero delegado, Roberto Roselli Mieles, marca el clímax de una investigación que se remonta a octubre de 2024. Registrada la sede central de la aerolínea en Madrid, la operación policial revela un entramado de préstamos opacos y sociedades instrumentales en Panamá –un territorio calificado como paraíso fiscal por las autoridades españolas–, donde operaría el banco Panacorp. Según la denuncia fiscal, estos fondos públicos se desviaron para saldar deudas que beneficiaron a una "organización vinculada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela", poniendo en jaque la integridad del rescate concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.
🇪🇸🇻🇪‼️ | LO ÚLTIMO — Nuestro colega de EDATV Vito Quiles encaró al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por la detención de su amigo y dueño de Plus Ultra en una operación por blanqueo de capitales, pero Zapatero respondió con silencio y una sonrisa cínica,… pic.twitter.com/1i3iJIyQ6q
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Orígenes de Plus Ultra: De la Ambición Latinoamericana a las Pérdidas Perpetuas
Plus Ultra surgió en 2011 de la mano de dos ejecutivos españoles con experiencia en el sector aéreo: Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, exdirectivos de la fallida Air Madrid. Su visión era ambiciosa: posicionar a la compañía como un puente aéreo entre España y destinos clave en Latinoamérica y África, rompiendo el monopolio de grandes operadores en rutas de largo recorrido. Las operaciones regulares despegaban en junio de 2016, con vuelos desde Madrid a ciudades como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo, además de conexiones entre Tenerife y la capital venezolana. Su flota, compuesta mayoritariamente por Airbus A330, se presentaba como una opción "española" para viajeros de la diáspora y el turismo.
Sin embargo, desde su fundación, Plus Ultra ha sido un pozo sin fondo de pérdidas. Año tras año, los balances cerraban en rojo, sostenidos precariamente por préstamos bancarios e inyecciones de capital privado que alteraron repetidamente su estructura accionarial. En su página web, la aerolínea se enorgullece de haber "empezado a surcar los cielos en julio de 2015", pero los números cuentan otra historia: sin el colchón de ayudas externas, la quiebra habría sido inevitable mucho antes de la pandemia.
| Año | Pérdidas Reportadas (millones de euros) | Fuentes de Financiación Principal |
|---|---|---|
| 2011-2015 | Acumulado aprox. 20 | Préstamos iniciales y capital semilla |
| 2016-2019 | 15-20 anuales | Inyecciones privadas y reestructuraciones accionariales |
| 2020 | 45 (impacto COVID) | Préstamos puente |
| 2021-2023 | 30-40 anuales | Rescate estatal (53 millones) y ventas de activos |
| 2024 | Estimado 25 | Ventas de participaciones y litigios pendientes |
Esta tabla ilustra la hemorragia financiera crónica, exacerbada por la crisis sanitaria global, que llevó al rescate público como salvavidas.
El Rescate Público: 53 Millones de Euros en Medio de la Pandemia
El punto de inflexión llegó el 9 de marzo de 2021, cuando el Consejo de Ministros, bajo el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos, aprobó un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Justificado por informes independientes de firmas como Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el paquete se presentó como esencial para preservar una compañía "estratégica" en rutas transatlánticas, evitando un monopolio en conexiones vitales con Latinoamérica –hogar de millones de emigrantes españoles y venezolanos.
🇪🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — La Policía Nacional de España registra la aerolínea española Plus Ultra, en una operación dirigida por el Juzgado 15 de Madrid que investiga posible blanqueo de capitales vinculado a directivos de la compañía con accionistas venezolanos. El registro incluye… pic.twitter.com/LjKqJIMMEk
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El desglose incluía un préstamo ordinario de 19 millones de euros (plazo de cinco años) y un préstamo participativo de 34 millones (siete años), destinados a pagar acreedores, nóminas, reembolsos a pasajeros afectados por cancelaciones y modernizar la flota. En teoría, estos fondos debían revitalizar a Plus Ultra como actor clave en la movilidad post-pandemia. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción alega que parte de ese dinero se utilizó para "saldar préstamos canalizados hacia cuentas extranjeras", beneficiando a una red de blanqueo con raíces en Venezuela.
Accionistas Venezolanos: El Nexo con Caracas y Panamá
El meollo del escándalo radica en la opacidad del accionariado. Desde 2019, el control mayoritario (56,8%, según el Registro Mercantil) recae en tres empresarios venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles (este último, CEO hasta su detención). Operan a través de dos sociedades instrumentales: Snip Aviation y FlySpain, con varios de ellos en el consejo de administración. Esta entrada de capital venezolano coincidió con la crisis humanitaria en su país de origen, bajo el régimen de Nicolás Maduro, y salvó a Plus Ultra de la insolvencia inminente.
La conexión con Panamá añade capas de sospecha. El banco Panacorp, radicado en este paraíso fiscal –notorio por su opacidad y laxitud regulatoria–, habría inyectado fondos cruciales para evitar la quiebra en 2020. La denuncia fiscal vincula estas operaciones a un esquema de blanqueo procedente de Venezuela, donde el régimen chavista ha sido acusado repetidamente de desviar recursos estatales a través de redes internacionales. Aunque Plus Ultra se defiende alegando "transacciones legítimas", el origen de estos capitales –en un contexto de sanciones internacionales contra Caracas– ha avivado críticas políticas en España.
La Investigación Judicial: De la Denuncia a las Detenciones
La mecha se encendió en octubre de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, alegando blanqueo agravado. Inicialmente, el tribunal se inhibió por falta de competencia, remitiendo el caso al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La pesquisa policial, culminada en diciembre de 2025, incluyó registros exhaustivos en la sede de la aerolínea y detenciones preventivas de Martínez y Roselli. Fuentes judiciales indican que se investiga un "circuito de fondos" que habría lavado al menos 20 millones de euros públicos a través de cuentas offshore.
El caso ha trascendido lo financiero: revela fallos en la supervisión de rescates públicos durante la pandemia, un período de opacidad generalizada en Europa. La Unión Europea, a través de su marco de ayudas estatales, exige transparencia, y este escándalo podría derivar en sanciones adicionales para España.
Reacciones: Defensa Corporativa y Acusaciones Políticas
Plus Ultra ha emitido un comunicado rechazando las imputaciones y afirmando que cooperará "plenamente" con la justicia. Fernando García Manso, expresidente de la compañía, defendió el rescate como "la mínima imprescindible" para una aerolínea que actúa como "única alternativa" en rutas clave: "Si desaparecemos, se formaría en esas rutas un monopolio". Subraya el rol de Plus Ultra en conectar a la diáspora venezolana –más de 400.000 residentes en España– con su país de origen.
Políticamente, el escándalo ha desatado un vendaval. Oposición como el PP y Vox acusa al Gobierno Sánchez de "opacidad" y "favoritismo ideológico", cuestionando por qué una empresa con accionistas venezolanos –país aliado del Ejecutivo en foros internacionales– recibió fondos públicos mientras otras aerolíneas españolas colapsaban. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha prometido "transparencia total" y una revisión de todos los rescates pandémicos. Analistas como los del Instituto de Estudios Fiscales advierten que el caso podría costar al erario público hasta 30 millones adicionales en litigios y recuperaciones fallidas.
Implicaciones: Un Caso que Transciende la Aviación
Más allá de las aulas judiciales, el escándalo Plus Ultra ilustra los riesgos de los rescates públicos en economías interconectadas. En un España que aún lidia con las secuelas de la pandemia –deuda pública al 110% del PIB–, cuestiona la diligencia en la asignación de fondos a empresas "estratégicas" con accionariados opacos. Geopolíticamente, refuerza las tensiones con Venezuela, donde el éxodo masivo ha convertido a España en refugio para miles, pero también en blanco de flujos financieros dudosos.
Si las acusaciones prosperan, Plus Ultra podría enfrentar la liquidación, dejando un vacío en rutas transatlánticas y un precedente para futuras ayudas estatales. Como advierte un experto en derecho mercantil consultado por Infobae: "Este no es solo un caso de blanqueo; es un espejo de cómo la crisis global expuso grietas en la gobernanza europea". Mientras la investigación avanza, una pregunta persiste: ¿fue Plus Ultra un salvavidas para la conectividad o un vehículo para el lavado de capitales?
