La formación política Reform UK, liderada por Nigel Farage, ha presentado un paquete de medidas denominado "Ley Deliveroo". La propuesta busca castigar a las corporaciones que empleen a inmigrantes irregulares, imponiendo sanciones económicas que podrían alcanzar hasta el 10% de su volumen de negocio mundial. Asimismo, el proyecto responsabiliza directamente a las cúpulas empresariales, contemplando penas de hasta cinco años de cárcel para los altos ejecutivos que recurran al trabajo ilegal.
🇬🇧‼️ | El partido de derecha británico, Reform UK, presentó un plan para endurecer las sanciones a las compañías que contraten personas sin permiso de trabajo en Reino Unido, fijando multas de hasta el 10% de su facturación global y penas de hasta cinco años de cárcel para los… pic.twitter.com/d6FSIxloXj
— UHN Plus (@UHN_Plus) August 9, 2026
El portavoz de Interior de la formación, Zia Yusuf, enfatizó que las consecuencias para las compañías infractoras deben equipararse al fraude fiscal grave. En caso de que las empresas sancionadas se nieguen o resulten incapaces de abonar las multas, el Estado procederá a su disolución inmediata y a su eliminación del registro mercantil. Adicionalmente, el plan contempla la creación de una línea pública de denuncias ciudadanas con la obligación por parte de las fuerzas policiales de investigar cada reporte sobre contratación irregular.
Un fondo de reparación para las víctimas de delitos y la reactivación del comercio local
El programa de Reform UK establece que el capital obtenido mediante la recaudación de estas sanciones no se diluirá en la burocracia estatal. Los ingresos serán destinados a la creación de un fondo de indemnización para las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes irregulares, así como a la financiación de programas públicos orientados a revitalizar las zonas comerciales y cascos urbanos en declive en todo el Reino Unido.
Esta iniciativa se enmarca dentro de una hoja de ruta migratoria integral que incluye la deportación masiva de hasta 600.000 inmigrantes ilegales en un plazo de cinco años, la construcción de nuevos centros de detención y la salida formal de Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), una normativa internacional que, según el partido conservador patriótico, traba las expulsiones del territorio nacional.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y The European Conservative)
