El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en Miami la ley HB 757, una legislación que extiende de forma inmediata las medidas de protección escolar a todos los colegios y universidades públicas del estado. El anuncio formal se concretó en la quinta edición del Commissioner’s Summit sobre seguridad estudiantil, un foro donde las autoridades estatales defendieron el modelo de Florida como el más riguroso y eficiente de los Estados Unidos.
La normativa responde directamente a las lecciones institucionales derivadas de la tragedia ocurrida en 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, consolidando un esquema de prevención frente a ataques masivos. Con esta ampliación del marco legal, el Poder Ejecutivo estatal busca erradicar la vulnerabilidad de los entornos académicos y asegurar que el respeto al orden público prevalezca en los recintos universitarios.
El eje central de la reforma es la expansión del Programa de Guardianes, permitiendo que personal civil debidamente adiestrado de las universidades porte armas ocultas para neutralizar de manera expedita a potenciales atacantes activos. Las oficinas de sheriff locales asumirán la exclusiva responsabilidad de reclutar, examinar y capacitar al personal autorizado, exigiendo a cada aspirante la superación de rigurosas evaluaciones psicológicas y pruebas toxicológicas obligatorias.
La preparación táctica contempla un mínimo de 144 horas de adiestramiento intensivo en el manejo defensivo de armamento, despliegue operativo en situaciones de crisis y técnicas avanzadas de intervención armada. Adicionalmente, las universidades públicas quedan forzadas por ley a implementar equipos especializados de detección de amenazas y protocolos unificados de reunificación familiar.
La ley HB 757 endurece los castigos contra la delincuencia urbana al tipificar como un delito grave de segundo grado cualquier disparo de arma de fuego efectuado dentro de un radio de 305 metros de una institución educativa. Esta medida busca disuadir de forma contundente las actividades pandilleras o criminales en las adyacencias de los centros de formación.
La visión gubernamental fue plenamente respaldada por Ryan Petty, miembro de la Junta Estatal de Educación y padre de una víctima de Parkland, quien ratificó que Florida lidera la agenda de seguridad a nivel nacional, priorizando la integridad física de los alumnos por encima de las agendas ideológicas del progresismo.
La administración conservadora de DeSantis ha estructurado un paquete presupuestario sin precedentes que moviliza miles de millones de dólares del erario estatal. Las asignaciones financieras vigentes incluyen un fondo principal de 1.600 millones de dólares reservado exclusivamente para la contratación de oficiales escolares, el mantenimiento de guardianes armados y la vigilancia perimetral de los campus.
La asignación de recursos también contempla partidas específicas para la modernización tecnológica y la protección de comunidades religiosas frente al incremento de agresiones sectarias en el contexto internacional. El presupuesto asigna 103 millones de dólares para la adquisición de software de seguridad e interconexión digital inmediata con las fuerzas policiales, así como 83 millones destinados al resguardo de escuelas judías frente al antisemitismo.
Se destinaron 34 millones de dólares para expandir de forma masiva la cobertura del programa de entrenamiento de las oficinas del sheriff y 21 millones para el despliegue de unidades caninas especializadas en la detección de pólvora y materiales explosivos dentro de las instalaciones universitarias.
(Con información de Infobae)
