Una exhaustiva investigación federal desarrollada de manera conjunta por los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro de los Estados Unidos mantiene bajo la lupa a una red de influencia extranjera coordinada por el aparato de inteligencia de la República de Cuba en suelo norteamericano.
De acuerdo con informes exclusivos obtenidos por la cadena Fox News Digital, las agencias de seguridad nacional investigan al segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, David Ramírez Álvarez, bajo la sospecha de dirigir una estructura clandestina que agrupa a 145 organizaciones civiles, sindicatos, colectivos estudiantiles y minorías activistas en territorio estadounidense, las cuales perciben ingresos anuales colectivos estimados en 1.000 millones de dólares.
El caso cobró una fuerza inusitada tras la emisión del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7), promulgado por el mandatario Donald Trump el pasado 25 de septiembre de 2025 tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Esta directiva ordenó de forma explícita al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento del Tesoro rastrear los flujos financieros de entidades exentas de impuestos sospechosas de incitar a la agitación y la violencia política.
Bajo este marco legal, las autoridades indagan si el diplomático cubano traspasó la línea de la inmunidad internacional al liderar sesiones estratégicas presenciales y virtuales con ciudadanos estadounidenses para dictar pautas legislativas en el Capitolio.
"La investigación federal en curso sobre las operaciones de injerencia cubana en los Estados Unidos ha puesto bajo estricto escrutinio al creador de contenido de izquierda Hasan Piker y a la cofundadora del grupo CodePink, Susan Medea Benjamin. Ambos activistas recibieron citaciones formales del Departamento del Tesoro tras participar en marzo en el denominado 'Convoy Nuestra América' hacia La Habana, un viaje logístico en el que el propio Piker admitió públicamente haber sido contactado directamente por personal de la delegación diplomática cubana para garantizarle conectividad especial a internet a cambio de su cobertura", revelaron las fuentes judiciales del caso.
La traza de la investigación periodística de Fox News condujo a un modesto edificio rotulado como "Machinists Hall" en Wilmington, California, en la periferia de Los Ángeles. En dicho recinto, el diplomático Ramírez Álvarez encabezó una sesión estratégica ante unos 50 militantes del Comité "Estados Unidos, fuera de Cuba" (coalición que integra a 23 organizaciones antisanciones).
Durante el mitin, el funcionario cubano instruyó al auditorio sobre los proyectos de ley que cursan en el Congreso de los EE. UU., tales como la "Ley de Comercio de 2025" (S. 136) impulsada por el senador demócrata Ron Wyden, y la "Ley del Nuevo Buen Vecino" (HR 1056) de la representante Nydia Velázquez, instándolos a presionar a los legisladores norteamericanos utilizando una retórica que califica el embargo comercial de "acción genocida".
Los analistas federales examinan con especial rigor los nexos históricos de estas células con el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una entidad fundada en 1960 por Fidel Castro y catalogada por Washington como un brazo encubierto del G2 (inteligencia cubana).
El ICAP se encuentra actualmente bajo la dirección de Fernando González Llort, uno de los oficiales de la red de espionaje "Avispa" condenados en el pasado en prisiones federales norteamericanas. Los investigadores sospechan que el ICAP sirve como la principal compuerta ideológica para reactivar los canales de captación que dieron origen en 1969 a la Brigada Venceremos y a las posteriores facciones radicales del Weather Underground.
La megaestructura procomunista señalada por el informe judicial incluye a organizaciones de peso logístico como El Foro Popular (organismo que actúa como patrocinador fiscal de la Brigada Venceremos), BreakThrough News, la Coalición ANSWER, el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL) y los Socialistas Democráticos de América (DSA). Toda esta infraestructura contaría con el financiamiento directo de Neville Roy Singham, un magnate tecnológico estadounidense radicado en Shanghái y estrechamente vinculado a los intereses estratégicos del Partido Comunista Chino.
Asimismo, las pesquisas rastrean portales de recaudación donde el Foro Popular exige textualmente a los donantes camuflar los envíos de dinero bajo conceptos genéricos como "Ayuda Urgente" para evadir las sanciones financieras vigentes.
Por su parte, un portavoz de la Embajada de Cuba en Washington negó categóricamente cualquier irregularidad administrativa, argumentando que las interacciones con sindicatos como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) o la Asociación Internacional de Maquinistas se amparan estrictamente en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el cual faculta a los cuerpos diplomáticos a entablar canales amistosos con la sociedad civil del Estado receptor.
Pese a los descargos de La Habana, los fiscales estadounidenses continúan recopilando evidencias sobre presuntas violaciones a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), en una causa que promete revelar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro en la Costa Oeste.
(Con información de Fox News)
