El Parlamento de Suecia aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley impulsado por el Gobierno conservador que endurece de manera severa las normativas de extranjería, eliminando por completo la posibilidad de conceder permisos de residencia permanente a los solicitantes de asilo. La reforma legal, que entrará en vigencia el próximo 12 de julio, establece que los nuevos ingresos solo podrán optar a permisos de carácter estrictamente temporal.
Esto ocurre debido a la profunda alarma social e indignación generalizada debido a la explosión del narcotráfico y el crimen organizado en las principales urbes del país escandinavo. Suecia arrastra desde hace años una preocupante espiral de tiroteos, ajustes de cuentas y atentados con explosivos perpetrados por redes criminales transnacionales de origen inmigrante.
Informes oficiales de la policía sueca difundidos el pasado mes de mayo revelaron que al menos 23 ciudadanos inocentes y ajenos a las pandillas han perdido la vida a causa de balas perdidas o errores de identificación por parte de los delincuentes en los últimos tres años, destruyendo la tradicional paz ciudadana.
Los cuerpos de seguridad del Estado han lanzado insistentes advertencias sobre las perversas tácticas implementadas por estas organizaciones delictivas extranjeras, las cuales aprovechan los vacíos del sistema judicial para captar a menores de edad a través de redes sociales y mensajería cifrada.
Las bandas ofrecen altas sumas de dinero a adolescentes para ejecutar atentados armados, valiéndose de que muchos de estos reclutas no superan los 15 años de edad, el límite mínimo de responsabilidad penal ordinaria en Suecia. Ante este desafío a la autoridad, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, anunció que el Ejecutivo avanza con determinación para rebajar por ley la edad de imputabilidad a los 14 años para terminar con la impunidad.
La nueva legislación migratoria consolida la ofensiva iniciada por el Gobierno sueco para limpiar las estructuras sociales de elementos indeseables y criminales. En las semanas previas a esta votación, la Agencia Sueca de Migración ya había procedido con mano dura a revocar las residencias permanentes de 11 peligrosos cabecillas con fuertes nexos con el hampa organizada.
Las investigaciones determinaron que dichos sujetos mantenían largas estancias fuera de las fronteras suecas, disfrutando de lujosos retiros en naciones como Irak, Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos o España, mientras continuaban usufructuando los beneficios del Estado.
Al despojarlos de sus derechos de residencia permanente, las autoridades suecas les cortaron de forma inmediata el acceso al sistema de bienestar público, al tiempo que les impusieron restricciones para realizar transacciones comerciales y desplazarse de manera libre por el espacio europeo de Schengen.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y La Derecha Diario)
