El expresidente socialista del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero remitió dos misivas a las autoridades de Arabia Saudí con el propósito de acreditar que los lotes de alta joyería hallados por la Policía en la caja fuerte de su despacho, valorados en más de 1,3 millones de euros, corresponden a un obsequio institucional. Las gestiones diplomáticas buscan justificar la posesión de las piezas ante las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por posibles infracciones tributarias y de contrabando.
La primera comunicación fue gestionada el 16 de junio a través de la representación diplomática en Madrid, un día antes de su comparecencia ante el magistrado instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama. En el documento, el exjefe del Ejecutivo solicitaba a la Corte Real saudí certificar que las alhajas de piedras preciosas fueron entregadas en 2007 como un regalo personal del entonces rey Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud durante una visita de Estado, ofreciendo aportar aclaraciones para fundamentar la certeza jurídica sobre el origen de los bienes.
🇪🇸‼️ | Por orden de José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, Rodríguez Zapatero tiene 72 horas (tres días) para presentar toda la información y documentación de las joyas encontradas en su despacho. Además, se impulsó la medida de un nuevo informe pericial… pic.twitter.com/JtYncwqKPo
— UHN Plus (@UHN_Plus) September 21, 2026
Ante la falta de respuesta oficial en los plazos previstos, Rodríguez Zapatero dirigió un segundo escrito el 12 de agosto a la embajadora saudí para notificar su intención de solicitar la emisión de una comisión rogatoria. Esta herramienta de cooperación judicial internacional pretendía recabar formalmente la confirmación requerida, evidenciando los continuos intentos de la defensa por validar documentalmente la procedencia de los activos retenidos.
Pese a los requerimientos del tribunal para presentar la certificación del país arábigo, la documentación aportada por la defensa se limita a los acuses de las cartas tramitadas y a los registros oficiales de la visita monárquica de 2007. El juez instructor otorgó un plazo de tres días para reunir las evidencias disponibles y ordenó la ejecución de una pericial gemológica e inspectora e independiente para determinar la composición, antigüedad y valor intrínseco de cada una de las piezas intervenidas.
(Con información de Infobae)
