El Palacio de La Zarzuela se convirtió esta semana en el escenario de un complejo cruce epistolar que vuelve a poner bajo el foco la delicada situación institucional que atraviesa España bajo la cuestionada gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Casa de S.M. el Rey tomó la determinación de trasladar de manera formal al Poder Ejecutivo la petición cursada por el sindicato Manos Limpias para forzar la convocatoria de unas elecciones generales adelantadas.
El equipo jurídico de Felipe VI indicó de forma precisa que la competencia exclusiva para evaluar y considerar dicha solicitud recae sobre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pilotado por el ministro Félix Bolaños.
La resolución de la Casa Real, firmada por su secretaria general, Mercedes Araújo, se ejecutó el pasado 3 de junio en estricto cumplimiento de la legislación española vigente. Lejos de archivar el expediente de manera directa, la Corona optó por derivar formalmente el documento al departamento ministerial competente, dejando la resolución de la pretensión en manos de un Ejecutivo cercado por el descontento social y las denuncias de corrupción.
La protección constitucional de la Corona frente a las pretensiones de cese
El origen del conflicto se remonta al pasado 27 de mayo, cuando el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, elevó un escrito formal al Palacio de La Zarzuela. Amparándose en el derecho de petición consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, Bernad solicitó explícitamente que el rey Felipe VI citara a Pedro Sánchez en la residencia real con el objeto primordial de instarlo a disolver las Cortes y convocar a las urnas ante la situación de emergencia que padece el país. La respuesta institucional de la Secretaría General de la Corona fue taxativa al invocar el artículo 56.3 de la Constitución, el cual estipula de forma nítida que la persona del Rey es inviolable y que sus actos carecen de toda validez sin el debido refrendo.
La misiva oficial recordó además que el artículo 64.1 determina de manera mandatoria que todas las decisiones del Monarca deben estar convalidadas y refrendadas por el Presidente del Gobierno o, en su defecto, por los ministros que resulten competentes en la materia. Asimismo, la Casa Real citó el artículo 66.2 para remarcar que la potestad exclusiva de controlar la acción del Ejecutivo recae constitucionalmente sobre las Cortes Generales y no sobre la Jefatura del Estado.
La réplica de Bernad: El rol del monarca como árbitro de la nación
La argumentación técnico-legal de la Casa Real, lejos de apaciguar el descontento de Manos Limpias, provocó una inmediata y enérgica réplica por parte de Miguel Bernad. A sus 84 años, el dirigente sindical redactó un nuevo escrito fechado el 4 de junio en el que rebate de manera frontal la postura oficial de Zarzuela. Bernad argumentó que para dar cumplimiento efectivo a la función de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que el artículo 56 otorga expresamente al Monarca, no es necesario ni preceptivo contar con el refrendo del presidente o de los miembros de su gabinete.
El veterano sindicalista puntualizó en su réplica que la solicitud de citar a Pedro Sánchez en el palacio residencial no constituía en modo alguno un acto formal del Rey que requiriera publicación o validez jurídica, sino más bien una comparecencia de carácter institucional. El propósito de dicha audiencia privada, según detalló el dirigente, consistía en sugerirle formalmente a Sánchez que presentara su dimisión y convocara comicios generales inmediatos ante los severos escándalos y la grave crisis de legitimidad que debilitan la confianza en las instituciones del Estado.
Escepticismo ante un Ejecutivo que busca mantenerse en el poder
Asimismo, el líder de Manos Limpias descartó de manera tajante que el traslado del expediente al Ministerio de la Presidencia posea algún tipo de valor práctico o efectividad real para la resolución del problema político de fondo. El dirigente señaló en su escrito que remitir la solicitud al propio entorno de Sánchez "carece de sentido", puesto que el actual presidente del Gobierno ha manifestado de manera reiterada, tanto por activa como por pasiva, su determinación de agotar la legislatura a toda costa, ignorando las presiones políticas, judiciales y sociales que demandan un cambio de rumbo en el país.
Este intercambio se produce en un escenario de extrema delicadeza para el Palacio de la Moncloa, acorralado por el avance de causas judiciales que salpican el entorno directo del jefe del Ejecutivo y de figuras de su partido. Manos Limpias, una organización frecuentemente atacada por los sectores de izquierda debido a su rol activo como acusación popular en casos penales de alto impacto político (incluyendo los expedientes contra David Sánchez, Álvaro García Ortiz o José Luis Rodríguez Zapatero), ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre los límites y las atribuciones reales de la Corona para intervenir como contrapeso ante abusos de poder.
(Con información de OKDIARIO)
