La República de Bolivia recibió de manera gradual un cargamento de 39 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia enviado por naciones vecinas para contrarrestar las graves secuelas del cerco logístico que sufre el país desde hace más de un mes. El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, detalló durante un acto en el Aeropuerto Internacional de El Alto que el desabastecimiento generalizado responde a los bloqueos de carreteras perpetrados de forma intransigente por sectores sindicales y cocaleros alineados con el socialismo radical.
Estas agrupaciones exigen la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz y rechazan sistemáticamente cualquier canal de diálogo institucional. Ante el descalabro provocado por las protestas, la solidaridad regional se materializó con cargamentos provenientes de Brasil, que aportó 21 toneladas de arroz y leche, Chile con ocho toneladas, Paraguay con seis y Perú con cuatro toneladas de alimentos no perecederos.
La distribución de los insumos esenciales e insumos de primera necesidad quedó bajo la estricta tutela operativa de la Gobernación de La Paz, articulada de forma directa con los gobiernos municipales más perjudicados por la asfixia económica para garantizar que la ayuda sea entregada de manera responsable y transparente a los grupos vulnerables.
La gravedad del escenario obligó además al gobierno conservador de la Argentina a intervenir activamente mediante el despliegue estratégico de dos aeronaves militares Hércules de la Fuerza Aérea, los cuales ejecutan puentes aéreos permanentes para trasladar alimentos de primera necesidad desde las zonas agropecuarias del este hacia los centros urbanos bloqueados en el occidente boliviano. Estas operaciones de salvamento han evitado un colapso alimentario total, quebrando la estrategia de parálisis civil promovida por las cúpulas gremiales de la Central Obrera Boliviana (COB) y las huestes del socialista Evo Morales.
La persistencia del boicot de los comités de huelga campesinos de La Paz ha escalado a niveles de violencia crítica, registrándose un saldo trágico de al menos diez personas fallecidas en el contexto de las movilizaciones. Siete de las víctimas mortales perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir atención médica especializada a tiempo en los centros de salud, como consecuencia directa de las barricadas instaladas en las rutas de acceso, mientras que otros tres decesos ocurrieron en circunstancias de confrontación que las fuerzas del orden investigan de manera exhaustiva.
El despliegue de ayuda internacional por parte de las administraciones aliadas de la región evidencia un cambio de doctrina en la diplomacia hemisférica, orientada a blindar la estabilidad de los gobiernos democráticos frente a las estrategias de desestabilización urbana ensayadas por el populismo de izquierda. El anuncio del gobierno de Chile respecto al envío de una nueva dotación de suministros de auxilio para el próximo lunes ratifica el compromiso de los bloques moderados del continente de aislar los focos de violencia financiados por las economías ilegales de la región.
Con las fuerzas armadas coordinando la recepción logística en los hangares de El Alto y los aviones militares argentinos garantizando el flujo de provisiones hacia los mercados andinos, la estrategia de asfixia diseñada desde los bastiones del evismo comienza a perder eficacia operativa. Las cámaras empresariales y productivas del país han reiterado su exigencia para que las rutas nacionales sean despejadas de forma inmediata mediante el uso legítimo de la fuerza pública, impidiendo que la economía boliviana continúe secuestrada por intereses partidistas de corte totalitario.
(Con información de Infobae y REUTERS)
