El Gobierno de Bolivia ha adoptado una determinación de seguridad nacional al instruir al Ejército para que intervenga de manera activa frente a la oleada de bloqueos salvajes que paralizan las principales arterias viales del país. Durante un acto oficial de alta significación institucional, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, proclamó que el Estado no se someterá al chantaje de los grupos subversivos y que las Fuerzas Armadas cumplirán con su misión constitucional bajo los principios de disciplina, legalidad y patriotismo.
Las autoridades de la administración del presidente Rodrigo Paz han denunciado con contundencia que las movilizaciones no constituyen un conflicto social aislado, sino una agresión coordinada con fuertes componentes transnacionales y estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con los informes de los servicios de inteligencia del Estado, estas mafias del narcoterrorismo buscan debilitar de manera deliberada la soberanía institucional y someter a la población civil mediante la generalización del miedo.
"Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad y con firmeza; la protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito", sentenció categóricamente el ministro Justiniano.
La respuesta militar de la Presidencia de la República cuenta con un respaldo legal renovado tras la reciente promulgación de la Ley 1740, la cual regula de forma estricta los estados de excepción y habilita de manera directa el despliegue de las tropas de las Fuerzas Armadas en tareas de control interior. Este marco normativo faculta al Poder Ejecutivo a decretar medidas extraordinarias por un lapso inicial de 90 días, garantizando que el uso legítimo de la fuerza pública sirva para neutralizar el complot de la Central Obrera Boliviana y colectivos rurales radicalizados, quienes de demandas salariales han transitado hacia la exigencia golpista de exigir la renuncia del mandatario constitucional.
El saldo de la ofensiva de la extrema izquierda ha arrojado consecuencias devastadoras, registrándose hasta la fecha 13 fallecimientos vinculados de forma directa a los bloqueos de carreteras, debido a la imposibilidad de que las ambulancias y los pacientes críticos alcancen los centros médicos de urgencia. Asimismo, en la localidad de San Julián, las células subversivas escalaron el conflicto al herir con armas de fuego a seis miembros de la Policía Nacional, confirmando la naturaleza criminal de la asonada.
La impunidad del bloque colectivista ha quedado en evidencia en el departamento de Cochabamba, donde dirigentes locales leales al viejo régimen han intentado declarar un "estado de sitio" civil ilegal, lanzando amenazas de corte miliciano contra los ciudadanos. En este escenario de desorden, el gobernador Leonardo Loza fue denunciado formalmente por el uso indebido de bienes del Estado, tras confirmarse que utilizó una ambulancia de la red pública para evadir los propios piquetes viales y asistir de forma privilegiada a una ceremonia partidaria.
Con más de 80 piquetes delictivos distribuidos en seis departamentos de la geografía nacional, la administración del presidente Rodrigo Paz ratificó que las organizaciones criminales dedicadas al sabotaje tienen los días contados bajo el imperio de la ley. El bloque conservador y los sectores productivos de Bolivia han cerrado filas con el Palacio de Gobierno, exigiendo el uso inmediato de la capacidad militar para limpiar las vías de comunicación y restablecer la libertad de tránsito.
(Con información de Infobae y Europa Press)
