La Unión Europea ha decidido avanzar en la eliminación gradual de equipos de ciberseguridad provenientes de proveedores chinos en sectores estratégicos. Esta medida responde a las nuevas normativas de seguridad económica que buscan proteger infraestructuras críticas de posibles ataques o apagones remotos. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de China advirtió que la sustitución de este hardware supondría un coste superior a los 367.800 millones de euros en los próximos cinco años.
El impacto económico se concentraría en 18 sectores clave, siendo la energía y las telecomunicaciones los más afectados. Según un estudio de KPMG, seis naciones europeas enfrentarían pérdidas superiores a los 10.000 millones de euros, con Alemania asumiendo la mayor carga financiera, estimada en 170.800 millones. A pesar de estas cifras, Bruselas mantiene su postura de considerar a empresas como Huawei y ZTE como proveedores de "alto riesgo".
La portavoz de Industria de la Comisión, Siobhan McGarry, justificó la urgencia de estas medidas basándose en evaluaciones de riesgo que identificaron amenazas reales a la seguridad del bloque. El foco se ha puesto especialmente en los inversores de instalaciones solares y eólicas, componentes esenciales para gestionar el flujo eléctrico que podrían ser utilizados para desestabilizar el suministro.
Pekín ha exigido la eliminación de las cláusulas que definen a ciertos países como "preocupaciones de ciberseguridad" y ha amenazado con aplicar contramedidas si la normativa sigue adelante. Esta retórica de presión busca frenar la legislación europea que se encuentra en su fase inicial de elaboración.
Fuentes de Bruselas insisten en que la exclusión de proveedores no confiables de las infraestructuras de conectividad es una recomendación firme que ya se está trasladando a los operadores de telecomunicaciones de los Estados miembros para garantizar la estabilidad y la paz mundial.
(Con información de EFE e Infobae)
