Las autoridades de seguridad en Chile lograron desarticular una sofisticada célula delictiva vinculada a la megabanda transnacional Tren de Aragua, especializada en el lavado de activos y el tráfico de drogas. En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se formalizó a 22 personas acusadas de integrar esta estructura que movilizó alrededor de 4,4 millones de dólares hacia el extranjero.
La operación, denominada "Patrimonio Oculto", fue el resultado de más de un año de investigaciones por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y la Metropolitana de Santiago. Los allanamientos simultáneos terminaron con la detención de 18 ciudadanos venezolanos, dos colombianos, un cubano y un chileno.
El grupo utilizaba un complejo sistema de conversión a criptomonedas para ocultar el origen ilícito del dinero y facilitar su salida del territorio chileno sin activar las alarmas bancarias tradicionales. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron diversos cargamentos de estupefacientes, vehículos de alta gama y evidencia digital que resultó determinante para reconstruir el flujo financiero de la organización.
El modus operandi de la banda consistía en ingresar cargamentos de droga por la frontera norte de Chile para luego distribuirlos y venderlos en distintas zonas del país. Para gestionar las ganancias, la red utilizaba a terceros, principalmente ciudadanos venezolanos con cédula de identidad chilena vigente, quienes facilitaban sus cuentas bancarias personales para recibir los depósitos.
La fiscalía chilena analizó más de 200 cuentas corrientes para detectar las transferencias sospechosas que alimentaban la compra de criptoactivos. Según explicó el fiscal José Uribe, del Sistema de Análisis Criminal, esta técnica permitía que el dinero fuera enviado al exterior de manera casi instantánea, dificultando la trazabilidad por parte de los organismos de control.
El monto total blanqueado bajo este esquema asciende a aproximadamente 4.000 millones de pesos chilenos, consolidándose como uno de los golpes financieros más significativos contra las ramificaciones del Tren de Aragua en el cono sur. El prefecto Patricio Flores detalló que la estructura criminal no solo se limitaba al lavado, sino que mantenía una logística aceitada para el traslado de sustancias ilícitas desde el desierto de Atacama hacia los centros urbanos.
Tras la presentación de las pruebas, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados, argumentando que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
