El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves un decreto ejecutivo que declara al Cártel de los Soles como un grupo terrorista con incidencia en territorio ecuatoriano, alineándose con la postura de Estados Unidos y ampliando la ofensiva contra el crimen organizado transnacional. Esta medida se enmarca en el estado de “conflicto armado interno” decretado por Noboa a inicios de 2024, en respuesta al aumento de la violencia criminal que ha posicionado a Ecuador, un país andino en Sudamérica con fronteras compartidas con Colombia y Perú, como uno de los más afectados por homicidios en América Latina, con un promedio de al menos un asesinato por hora en 2025.

El decreto ordena al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigar posibles vínculos del Cártel de los Soles con bandas locales, coordinando con agencias de inteligencia extranjeras para determinar su influencia en el entramado criminal ecuatoriano. Noboa justificó la decisión al considerar que esta organización representa una amenaza para la población nacional, el orden constitucional, la soberanía y la integridad del Estado. El Cártel de los Soles, según autoridades estadounidenses, está liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro y altos funcionarios y militares de su régimen, operando redes de narcotráfico que utilizan rutas aéreas y marítimas para enviar drogas hacia Norteamérica.

Esta acción sigue la línea adoptada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó al cártel como entidad terrorista a finales de julio, elevando la recompensa por información sobre Maduro a 50 millones de dólares. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha vinculado directamente al régimen de Maduro con el narcotráfico, acusándolo de facilitar puentes aéreos para el tráfico de drogas a través de países como Honduras, Guatemala y México. En respuesta, gobiernos como el de Guatemala y Honduras han rechazado estas implicaciones, afirmando que no permiten el uso de su espacio aéreo por redes criminales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha respaldado esta visión, afirmando que el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino una organización criminal que controla un territorio nacional y amenaza a compañías petroleras estadounidenses en Guyana, un país vecino de Venezuela con disputas territoriales. Rubio enfatizó que cualquier grupo narcoterrorista que utilice espacios internacionales para traficar drogas será confrontado, destacando la claridad de Trump en este tema desde el inicio de su mandato.

En Ecuador, Noboa ya había designado como terroristas a otras organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua —surgido en una cárcel venezolana— y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra. Estas grupos han sido convertidos en objetivos militares y policiales, con operativos conjuntos que incluyen detenciones masivas y la recuperación de territorios bajo control criminal. La estrategia responde al escalamiento de la violencia, atribuida en parte a la expansión de redes narco desde países vecinos como Venezuela y Colombia.

Las relaciones entre Ecuador y Venezuela se rompieron en abril, tras el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo. Maduro calificó la operación como una violación de la soberanía diplomática, lo que llevó al cierre de consulados y una ruptura formal de vínculos. Desde Venezuela, figuras como Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del chavismo, han rechazado las acusaciones, tildando al Cártel de los Soles como un “invento” de Washington.

El gobierno ecuatoriano ha activado un plan de inteligencia para rastrear la presencia de esta red en su territorio, aunque no ha precisado el alcance exacto de sus operaciones. El CNI deberá presentar un informe con hallazgos y proponer acciones coordinadas. Esta medida amplía la ofensiva de Noboa contra el crimen organizado, respaldada por el apoyo internacional, particularmente de Estados Unidos, en un esfuerzo por restaurar la seguridad en una nación que ha visto un drástico aumento en la inestabilidad debido a la infiltración de grupos armados extranjeros.