El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su firme respaldo a la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz, condenando las acciones destinadas a desestabilizar su gestión democrática. Tras tres semanas de intensas movilizaciones sindicales y bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del mandatario, la Casa Blanca advirtió que las protestas radicales han provocado una crisis humanitaria con desabastecimiento de medicamentos, combustibles y alimentos básicos.
La parálisis de las vías de transporte es liderada por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz y agrupaciones radicales como los Ponchos Rojos, quienes mantienen un promedio de 20 piquetes de bloqueo simultáneos que cercan la sede de Gobierno. El corte indefinido de rutas raíces ha generado millonarias pérdidas económicas para la industria nacional y el transporte pesado, imposibilitando el libre tránsito e incrementando los precios de la canasta básica.
La conflictividad civil registró episodios de extrema violencia en el centro paceño, donde mineros cooperativistas se enfrentaron a la Policía utilizando cartuchos de dinamita durante sus manifestaciones. Aunque el Ejecutivo logró desactivar temporalmente este foco de tensión tras conceder beneficios sectoriales, como la suspensión de la fiscalización de deudas a la seguridad social, las autoridades gubernamentales acusaron formalmente a los dirigentes de criminalizar la protesta y de recibir financiamiento del narcotráfico.
Ante el agravamiento del desabastecimiento en los centros urbanos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron operativos conjuntos para intervenir los puntos de bloqueo y habilitar corredores humanitarios de abastecimiento. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, las intervenciones de las fuerzas de seguridad pública para despejar las carreteras estatales se saldaron con al menos 57 personas detenidas y cinco heridos.
El recrudecimiento de las medidas de fuerza ha alterado por completo la rutina de la población civil, obligando a suspender las clases escolares presenciales y forzando la transición a la modalidad virtual en múltiples colegios. El transporte público en la capital también opera de forma parcial debido a la escasez crítica de carburantes provocada por el cerco logístico a las plantas de almacenaje de hidrocarburos.
(Con información de Reuters e Infobae)
