El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la activación de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, una medida que coincide con un cerco internacional liderado por Estados Unidos, incluyendo el despliegue de destructores frente a las costas venezolanas y el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. En un acto televisado, Maduro decretó: “Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional”, presentando esta estrategia como una respuesta a las presiones externas y un refuerzo de la seguridad interna, aunque sin detallar las regiones específicas de concentración.

La orden de Maduro llega en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que ha intensificado su presencia militar en las aguas de Latinoamérica y el Caribe, desplegando aproximadamente 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, junto con aviones de reconocimiento, destructores y un crucero lanzamisiles guiados, según informó CNN y fue corroborado por medios locales. Este movimiento, parte de la estrategia del Comando Sur de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, se alinea con las acusaciones contra Maduro como líder del Cartel de los Soles, una organización señalada por Washington como responsable de traficar toneladas de cocaína hacia Norteamérica. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó recientemente la confiscación de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro, reforzando las imputaciones de narcotráfico que datan del primer mandato de Donald Trump.

Maduro, quien ha gobernado Venezuela desde 2013 tras suceder a Hugo Chávez, describió el plan como un despliegue de “toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país”, aunque evitó especificar cómo se ejecutará esta movilización. Las milicias, presentadas como una fuerza leal al chavismo, deben permanecer “preparadas, activadas y armadas”, según el dictador, en un país donde la crisis política, económica y social ha generado denuncias constantes de violaciones de derechos humanos y corrupción.

El aumento de la recompensa a 50 millones de dólares, anunciado por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia en agosto de 2025, refleja la intensificación de la presión internacional. Esta suma, duplicada desde los 25 millones ofrecidos en enero, busca información que lleve a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles junto a figuras como Diosdado Cabello y Hugo Carvajal. El despliegue militar estadounidense, que incluye el Iwo Jima Amphibious Ready Group y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, se interpreta como una demostración de fuerza destinada a enviar un mensaje disuasorio, aunque funcionarios han indicado que dependerá de la Guardia Costera para operaciones específicas contra el narcotráfico.

Maduro también apuntó contra actores externos, acusando a la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania de financiar infiltrados que simulan ser chavistas para “atacar desde adentro” al régimen. En su discurso, advirtió: “Mucho cuidado con el entrismo, el divisionismo y el poco e’rial (dinero) que ponen las potencias europeas y el imperialismo para tratar con un discurso de izquierda, tratar de horadar la unión popular que nosotros debemos solidificar de manera permanente con la verdad, con el trabajo, con la lucha, con el sacrificio y con las soluciones de los problemas de nuestro pueblo”. Estas acusaciones se suman a señalamientos previos del 11 de agosto, cuando afirmó que ONG supuestamente de izquierda, financiadas por el Departamento de Estado, Usaid y la CIA, buscan “lavarle la cara” a “terroristas” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado fue rechazado por la comunidad internacional.

El régimen chavista enfrenta un aislamiento creciente, agravado por la crisis económica y la migración masiva de venezolanos. Estados Unidos, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde las elecciones de 2018 y 2024, ha intensificado su estrategia con sanciones, incautaciones de activos y ahora un despliegue militar, buscando apoyar a la oposición y a los venezolanos afectados. La activación de las milicias, un pilar del control social del chavismo, parece ser una respuesta defensiva ante esta presión, aunque su efectividad militar sigue siendo cuestionada.