La organización yihadista Estado Islámico (Daesh) se atribuyó la autoría de una serie de matanzas colectivas en el este de la República Democrática del Congo. De acuerdo con los datos de la propia organización extremista en la edición número 550 de su semanario oficial An Naba, sus milicianos ejecutaron a cerca de 80 personas de fe cristiana durante la última semana. Las acciones criminales, se concentraron principalmente en la región de Beni y se expandieron de forma violenta hacia las provincias vecinas de Ituri y Haute Uélé.

El boletín de la organización terrorista detalla que los ataques armados formaron parte de una ofensiva contra los asentamientos civiles que se niegan a someterse a sus dictámenes teocráticos. Con un proceder típicamente mafioso, los insurgentes islámicos justifican estas masacres bajo supuestas órdenes divinas y mantienen un chantaje contra las poblaciones locales. Los habitantes deben elegir entre la conversión forzosa a su interpretación radical del Islam y la Sharia, el pago obligatorio de un impuesto o tributo religioso de sumisión, o afrontar represalias violentas que conducen directamente a la ejecución.
Según el relato pormenorizado que la propia organización extremista expuso en su publicación propagandística, las células de combatientes, a las que denominan "soldados del Califato", iniciaron la incursión armada utilizando ametralladoras y fusiles automáticos de asalto. Uno de los primeros objetivos militares del grupo terrorista fue una patrulla de las fuerzas de seguridad congoleñas cerca de la aldea de Baiki. El choque armado derivó rápidamente en asaltos directos contra las comunidades cristianas locales que intentaban resistir el avance de las milicias radicales.

Los terroristas aseguraron que el despliegue de sus fuerzas de operaciones dejó un saldo de aproximadamente 80 fallecidos, más de 20 prisioneros en condición de rehenes y un número aún indeterminado de civiles heridos. Además del elevado coste en vidas humanas, las huestes del Estado Islámico aplicaron una política de tierra quemada al incendiar por completo un camión de transporte comercial y destruir al menos 15 viviendas particulares. Estas acciones de sabotaje económico e inmobiliario buscan desarticular los medios de subsistencia locales, desatando una nueva y masiva ola de desplazados internos hacia el interior del territorio congoleño.
El este del país africano registra desde hace años una actividad violenta y de marcada persistencia por parte de diversos grupos armados asociados al extremismo islamista, entre los que destacan facciones insurgentes que actúan como el brazo ejecutor de los intereses radicales en la selva congoleña. Estas insurgencias regionales aprovechan la debilidad institucional del Estado, la porosidad de las fronteras compartidas y el control de los recursos para financiar la adquisición de armamento pesado y sostener logísticamente sus campamentos de entrenamiento clandestinos.
(Con información de La Gaceta y La Razón)