El Gobierno de Argentina sancionó a dos buques de bandera china tras ser detectados realizando actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida, ejecutada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, derivó en la imposición de multas conjuntas que superan los 2.700 millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 1,82 millones de dólares), reforzando la postura oficial de tolerancia cero frente a las incursiones no autorizadas en aguas jurisdiccionales.
Las embarcaciones sancionadas, identificadas como "BAO FENG" y "BAO WIN", pertenecen a la misma empresa armadora de la República Popular China. La detección oportuna de los navíos por parte de los sistemas de vigilancia marítima permitió activar los protocolos legales correspondientes y aplicar a cada buque una sanción máxima de un millón de Unidades de Pesca (UP), valor fijado por la legislación argentina vigente para penalizar las faltas graves contra el patrimonio marítimo.
El procedimiento administrativo y punitivo forma parte de un despliegue operativo integral diseñado para desalentar la presencia de flotas extranjeras que intentan explotar de forma no regulada los caladeros del Atlántico Sur. Desde la cartera de Economía destacaron que la pesca ilegal perjudica de manera directa a la industria pesquera local y altera las cadenas de valor asociadas a la economía marítima nacional.
Además del impacto económico, las autoridades nacionales subrayaron la dimensión ambiental de la resolución. El avance indisciplinado sobre los caladeros pone en riesgo la preservación de los ecosistemas marinos y la reproducción de especies migratorias como el calamar y la merluza, cuya explotación sostenible requiere el estricto cumplimiento de los esquemas de regulación internacional y nacional.
Con la ratificación las autoridades enviaron un mensaje directo a las flotas de altamar que operan en las adyacencias del mar argentino. La acción reafirma el compromiso del Estado de consolidar la soberanía en el Océano Atlántico y garantizar un control permanente sobre el dominio marítimo frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
(Con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Economía de la Nación Argentina)
