El Gobierno constitucional de Bolivia elevó una petición oficial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una evaluación “equilibrada y completa” respecto a la profunda crisis humanitaria provocada por casi un mes de bloqueos sistemáticos de carreteras en el territorio nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores valoró la preocupación internacional por los derechos fundamentales, pero reclamó con firmeza que cualquier dictamen contemple los resultados de las investigaciones judiciales abiertas ante el accionar delictivo de las facciones extremistas.
El Ejecutivo denunció que la interrupción deliberada de las vías de comunicación ha dejado un trágico saldo de al menos diez personas fallecidas, además de desatar un desabastecimiento crítico de insumos hospitalarios y alimentos esenciales, vulnerando de manera flagrante los derechos a la vida y a la salud de la población civil en las regiones más afectadas de la geografía boliviana.
La campaña de desestabilización social comenzó el pasado 6 de mayo bajo el impulso de organizaciones radicales de izquierda como la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y colectivos leales al expresidente cocalero Evo Morales. Los huelguistas instalaron 84 puntos de bloqueo con un fuerte epicentro en el occidente del país —computándose 25 cortes en Cochabamba y 20 en La Paz—, estableciendo como único objetivo político forzar la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien lidera el Poder Ejecutivo desde hace apenas siete meses.
La virulencia de las protestas escaló a niveles críticos cuando facciones de choque identificadas como los "Ponchos Rojos" impidieron de forma criminal el tránsito de ambulancias y detuvieron vehículos sanitarios con pacientes en estado de gravedad, desnaturalizando el legítimo derecho a la protesta para convertirlo en un mecanismo de extorsión contra el Estado de derecho.
El desastre humanitario se ensañó de manera alarmante con el sistema sanitario, registrándose siete muertes directas debido a la imposibilidad de trasladar a enfermos crónicos hacia centros de alta complejidad por culpa de los piquetes viales. En el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, las autoridades médicas se vieron obligadas a suspender de emergencia 50 cirugías programadas ante la inminente escasez de oxígeno medicinal, cuyas reservas se redujeron a un límite crítico de tres días de autonomía.
La falta de suministros básicos desató dramáticas protestas de padres y familiares de niños oncológicos frente a los recintos hospitalarios, mientras se constató que numerosos pacientes tuvieron que abandonar sus tratamientos crónicos y una menor con cáncer falleció al no poder ingresar a la capital para recibir sus dosis de quimioterapia debido al cerco impuesto por los sindicatos rurales.
El estrangulamiento de los flujos comerciales provocó el colapso inmediato de los mercados urbanos en el occidente del país, donde la oferta de alimentos básicos como la leche y los huevos se volvió drásticamente insuficiente. En La Paz, la especulación y la escasez dispararon los precios al doble y al triple de su valor regular, obligando a los ciudadanos a realizar extensas filas de racionamiento para conseguir carburantes y medicamentos.
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara encabezaron reuniones de alta concertación con los líderes del Senado, la Cámara de Diputados y las principales fuerzas partidarias de la Asamblea Legislativa con el fin de coordinar corredores humanitarios de emergencia. El vicepresidente Lara ratificó que la administración agotará las vías de diálogo antes de dictar un estado de excepción, pese a que las relaciones en la cúpula del Ejecutivo se mantienen altamente tensas.
Lara se ha declarado en una postura de “oposición constructiva” tras denunciar su marginación de las decisiones de la Casa Grande del Pueblo, un distanciamiento institucional que se agravó luego de que el presidente Paz firmara un controvertido decreto para gobernar mediante herramientas digitales desde el exterior del país sin delegar formalmente el mando provisional de la nación.
(Con información de EFE)
