El régimen de Nicolás Maduro ha tomado medidas drásticas para contrarrestar la presión internacional liderada por Estados Unidos, prohibiendo por 30 días prorrogables la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y operaciones de vuelos de drones en todo Venezuela, según informó este martes el Ministerio de Transporte a través de la Gaceta Oficial. Esta decisión, que entró en vigor el 18 de agosto y será supervisada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se suma al despliegue de 4,5 millones de milicianos anunciado el lunes, en respuesta al envío de barcos de guerra estadounidenses al Caribe para combatir el narcotráfico, incluyendo al Cartel de los Soles liderado por el propio Maduro.

La prohibición abarca tanto drones pilotados a distancia como no pilotados y aeromodelos, junto con sus partes y componentes, reflejando una estrategia de control interno ante la amenaza percibida de tecnología que podría ser utilizada por la oposición o por Estados Unidos para monitorear actividades ilícitas. Esta medida coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, anunciado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado el 7 de agosto de 2025, y con el despliegue militar estadounidense que incluye 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear.

Maduro justificó el despliegue de milicianos como parte de un “plan de paz”, declarando: “Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional”. Ordenó a las milicias, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), estar “preparadas, activadas y armadas”, aunque no especificó las zonas de concentración. Esta movilización responde al anuncio de Estados Unidos, reportado inicialmente por CNN el viernes y confirmado por medios locales, de reforzar su presencia en el Caribe para combatir carteles narcoterroristas, con un enfoque particular en el Cartel de los Soles, acusado de traficar cocaína hacia Norteamérica.

La Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, reafirmó este martes la postura del presidente Donald Trump: “El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de la Administración Trump. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”. Leavitt destacó que Trump “está preparado para usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, apoyándose en una reinterpretación amplia de las competencias del Ejército, según una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que incluye sellar fronteras contra inmigración masiva, tráfico de drogas y otras actividades criminales.

El despliegue militar estadounidense, que incluye tres buques de guerra con misiles guiados, busca frenar la “entrada masiva de drogas”, vinculando directamente a Maduro con esta amenaza. El régimen venezolano, por su parte, ha reaccionado con nerviosismo, con el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmando que las autoridades locales también están activas en las aguas nacionales. Maduro ha acusado a potencias europeas y al “imperialismo” de financiar infiltrados para desestabilizar su gobierno, señalando específicamente a la Fundación Rosa Luxemburgo y a agencias como la CIA, en un intento de justificar su cerco interno.

El contexto es crítico: Venezuela enfrenta una crisis económica, social y política agravada por la corrupción y las sanciones internacionales. El Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares y funcionarios chavistas, ha utilizado la infraestructura estatal para traficar drogas y armas, aliándose con grupos como las FARC, el ELN y el Cartel de Sinaloa. La prohibición de drones y la activación de milicias reflejan el pánico de Maduro ante el cerco, mientras Estados Unidos intensifica su estrategia con incautaciones de 700 millones de dólares en bienes del dictador y designaciones terroristas. La oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia detenciones como la de Enrique Ferreira, en paradero desconocido, y exige la liberación de periodistas presos hace 14 meses.

En opinión, esta escalada podría ser el comienzo del fin para Maduro. La combinación de presión militar, económica y diplomática de Estados Unidos, liderada por Trump y Rubio, está asfixiando al régimen. Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con aliados regionales y la resistencia interna venezolana, que sigue clamando por libertad tras años de dictadura.