La Defensoría del Consumidor (DC) de El Salvador ha iniciado medidas administrativas inmediatas para proteger a los usuarios afectados por el abrupto cese de operaciones de Spirit Airlines. La aerolínea estadounidense atribuyó su cierre a años de dificultades financieras y al incremento en el precio de los combustibles, dejando a miles de viajeros en la incertidumbre.
Cualquier obstrucción a las labores de vigilancia o la entrega de información incompleta por parte de la compañía será considerada una infracción grave a la Ley de Protección al Consumidor. La normativa vigente establece multas que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos mensuales urbanos para aquellas empresas que muestren resistencia en el proceso de rendición de cuentas.
El impacto del cierre se extiende por toda Centroamérica, donde Spirit operaba rutas estratégicas de bajo costo hacia Estados Unidos. En Belice, se eliminó la conexión directa con Fort Lauderdale inaugurada apenas en 2025, mientras que en Costa Rica y Guatemala la suspensión afectó vuelos clave desde San José y Ciudad de Guatemala hacia hubs como Orlando, Houston y Dallas.
Honduras también ha sufrido un golpe considerable en su conectividad, especialmente en los aeropuertos de San Pedro Sula y Palmerola, desde donde la aerolínea conectaba con cinco ciudades estadounidenses. En contraste, en El Salvador las operaciones ya presentaban una inactividad parcial desde mediados de abril, lo que anticipaba la crisis definitiva de la empresa.
En la República Dominicana, la presencia de Spirit desde 2007 era un pilar para la comunidad dominicana residente en Nueva York y Florida. El fin de sus operaciones directas reduce drásticamente la oferta de bajo costo, obligando a las organizaciones de consumidores locales a monitorear de cerca los procesos de reembolso para los viajeros afectados por cancelaciones repentinas.
(Con información de Infobae)
